La acumulación de basura en Huánuco, Amarilis y Pillco Marca tras más de 48 horas sin recolección ha dejado al descubierto una crisis estructural que trasciende el bloqueo iniciado el 30 de marzo en la carretera Huánuco–Chilipampa. La protesta, anunciada por 120 horas por pobladores de Santo Domingo de Nauyán Rondos, ha interrumpido el traslado de decenas de toneladas diarias de residuos, afectando a más de 200 mil ciudadanos.
El origen del conflicto no es reciente. Los acuerdos firmados el 9 de agosto y el 23 de septiembre de 2023 por 5 municipalidades —Huánuco, Amarilis, Pillco Marca, Santa María del Valle y Churubamba— contemplaban intervenciones en la vía durante un periodo de hasta 4 años. Sin embargo, tras más de 18 meses, no se registran trabajos sostenidos, según lo señalado por el regidor Humberto Rojas.
El impacto ha sido inmediato. En menos de 24 horas, zonas como los alrededores del Señor de Puelles evidenciaron contenedores desbordados. La interrupción de apenas 2 días ha sido suficiente para comprometer la disposición final en 3 distritos y una provincia, lo que expone la fragilidad de un sistema que depende de un botadero cuestionado desde hace más de 15 años.
Las advertencias institucionales tampoco son nuevas. Humberto Rojas indicó que el OEFA, la Fiscalía de Medio Ambiente y la Defensoría del Pueblo emitieron recomendaciones sobre la vía y el botadero. La persistencia de lixiviados que alcanzan canales de riego revela una problemática ambiental no resuelta en más de una década.
El intento de diálogo liderado por el gerente municipal Álvaro Mendoza no prosperó. La exigencia de los pobladores de que participen directamente los alcaldes, incluido Antonio Jara Gallardo, refleja un deterioro en la legitimidad de los interlocutores técnicos. El conflicto ha escalado del plano operativo al político.
Desde la perspectiva institucional, la falta de coordinación entre 5 municipios para sostener un servicio básico evidencia límites en la gobernanza compartida. En términos económicos, cada día de paralización incrementa costos logísticos y retrasa la gestión de residuos acumulados, afectando la operatividad urbana.
El impacto social es inmediato: residuos expuestos cerca de centros de salud y colegios incrementan riesgos sanitarios en zonas densamente pobladas. La población urbana, ajena a la protesta, enfrenta las consecuencias de una crisis que combina fallas de gestión y desconfianza acumulada.
La continuidad del bloqueo hasta completar las 120 horas plantea un escenario abierto. ¿Se trata de una protesta puntual o del inicio de una dinámica recurrente en la relación entre comunidades y autoridades? Lo que ocurra en los próximos 3 días no solo definirá el manejo de esta crisis, sino la capacidad de respuesta institucional frente a conflictos que ya no admiten dilaciones.
