Realizando una deficiente investigación, la fiscal anticorrupción Luz Sánchez Figueroa archivó la denuncia contra el exvicerrector académico, Lorenzo Pasquel Loarte; su esposa, Verónica Cajas Bravo, y su hijo, Alexander Pasquel Cajas, denunciados por tráfico de influencias, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo en agravio de la Unheval.
El vicerrector, su esposa e hijo fueron denunciados por el dirigente Yonel Soto que acusó a la pareja de usar sus cargos en la universidad para favorecer a su hijo contratándolo como docente de la Escuela de Postgrado sin cumplir los requisitos.
El 22 de noviembre de 2015, la fiscalía encontró a Alexander Pasquel dictando clases en Postgrado. Ese día se había graduado de magíster y pocas horas después era docente del Postgrado. La docente Mónica Tamayo denunció que fue contratado sin tener los 3 años de experiencia para ser docente universitario porque se había graduado el 22 de octubre de 2014 y tenía 13 meses con título profesional, según el registro de la Sunedu. Tamayo denunció que su papá, vicerrector académico, y su mamá, coordinadora de Postgrado, habían intercedido para que se contrate a su hijo irregularmente. Entonces, Pasquel declaró que fue contratado por invitación de la Unheval.
Investigación deficiente
La fiscal Luz Sánchez, del Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción, aperturó investigación preliminar el 30 de diciembre de 2015 y, 3 meses después el 8 de abril de 2016, dispuso no formalizar ni continuar investigación contra los Pasquel Cajas.
Advirtiendo deficiencias en la investigación, el 21 de abril, la Procuraduría Anticorrupción pidió que la decisión sea revisada por la Fiscalía Superior. La Procuraduría observó que la fiscal no consideró los delitos denunciados por Soto en su archivamiento evidenciando que no investigó los cargos.
El fiscal superior Renato Alejos Vílchez determinó que en su investigación Sánchez no agotó todas las diligencias necesarias que acrediten la responsabilidad o inocencia de los denunciados. “Solo se ha realizado una diligencia”, cuestionó el fiscal.
Alejos señaló que no era posible que durante 98 días, desde que se inició la investigación hasta que la archivó, no haya realizado diligencias determinantes para la investigación. “Trascurrieron 98 días aproximadamente sin que se practiquen diligencias sustanciales y específicas para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación”, adviertió declarando nula la decisión de Sanchez y ordenando que se amplíe la investigación por 60 días más para corregir las deficiencias.
El fiscal superior además excluyó del caso a la fiscal Luz Sánchez que cometió serias omisiones. Sánchez conocía la denuncia de Soto del 30 de noviembre, pero no emitió ninguna disposición al respecto pese a que los delitos denunciados eran de su especialidad.
“Pese a tener el caso 98 días no realizó diligencias sustanciales y específicas para esclarecer la denuncia demostrando carencia de proactividad, ser diligente y cumplir sus funciones”, agrega el fiscal disponiendo excluir del caso a Sánchez y asignando la investigación al fiscal Miguel Rojas Maytapara que se avoque a conocer el caso “a fin de que impulse de manera diligente la investigación”.
El fiscal superior además dispuso que se interrogue a los denunciados así como a los responsables en la contratación. Así ordenó se interrogue a Alexander Pasquel, a su papá y su mamá para conocer cómo fue contratado, quién dispuso su contratación y si cumplía los requisitos para ser docente de Postgrado. Ordenó que se interrogue a los padres si era legal, que trabajando en la Unheval, se contrate a su hijo, si tuvieron injerencia en la contratación y conocían a quien contrató a su hijo. Asimismo, ordenó que se interrogue al exdirector de Postgrado, Reynaldo Ostos, y a la exadministradora, Carmela Llanos, de cómo fue contratado el hijo del vicerrector, si cumplía requisitos, de quién dependió la contratación y si hubo injerencia.
