El Estado peruano asumirá los costos de la defensa legal del congresista Manuel Merino, en el marco de las investigaciones que le realiza la fiscalía de la Nación.
Cabe destacar que dicha investigación se realiza tras la represión policial que devino en el asesinato de dos jóvenes durante las marchas contra su Gobierno.
El Despacho Presidencial aprobó otorgarle el patrocinio, tras la solicitud que hizo el legislador al ampararse en el artículo 35 la Ley N.° 30057. El pedido hecho por el parlamentario se dio después de que la fiscalía abriera las pesquisas en su contra.
En la resolución se dispone “que la Oficina General de Administración y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto realicen las acciones pertinentes para la contratación y ejecución”.
Si Merino resulta culpable, deberá reembolsar los gastos
Del mismo modo, la resolución señala que si al terminar el proceso legal se demuestra la responsabilidad del investigado, deberá reembolsar el costo del asesoramiento y defensa.
Investigación contra Merino
A finales de noviembre, Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación, dispuso acciones en la investigación preliminar que dirigirá, durante ocho meses.
Ávalos declaró complejo el caso para indagar sobre las violentas represiones policiales que acabaron en las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.
Lea También:
Presentan denuncia penal contra Manuel Merino por homicidio calificado
