Por Ronald Mondragón Linares
A continuación, veamos el problema del ejercicio de la política en la universidad. Esta, independientemente de su autonomía, refleja el modelo social y político imperante a nivel nacional. Una sociedad auténticamente democrática, con grandes niveles de participación ciudadana y altos valores de libertad y justicia social da a luz una universidad de esta misma naturaleza: participativa, libre y solidaria. Por el contrario, una sociedad con espantosas grietas de desigualdad social, que asiste al colapso de sus instituciones fundamentales y sometida a la corrupción desde las esferas más altas del estado, solo puede producir una universidad con un desarrollo desigual, de magros resultados académicos y carente de una propuesta seria de proyecto institucional. Este es el caso de la universidad peruana.
Si en los años 80 las universidades en el Perú estaban sometidas a la intolerancia ideológica y a organizaciones partidarias que en muchos casos actuaban como el más bajo lumpen político y por ello se vivía a salto de mata, en los 90 sufrió en carne propia la destrucción generalizada de las instituciones nacionales que perpetró el gobierno de Fujimori.
Este “asalto neoliberal” a la universidad, como lo llama Noam Chomsky, incluyó la desideologización del alumnado, la imposición de la tecnocracia, el hostigamiento de los sectores más progresistas del profesorado, la mercantilización de la educación y la vida política universitaria, e incluso el intervencionismo en las estructuras curriculares.
Luego del atropello brutal a las universidades por parte de la dictadura, el camino quedó expedito y despejado para los intereses de un gobierno mafioso y de un Estado que iba a imponer su hegemonía neoliberal.
Las universidades en el Perú, pues, se quedaron con alumnos sin ideología. Y bajo el control de tecnócratas e interventores al servicio del poder dictador. La ideología misma fue sometida, en tanto concepto, a un sistemático ataque y desprestigio desde la órbita académica. El neoliberalismo impuso su doctrina desde varios frentes de ataque, y uno de ellos fue el campo de las ideas. No fue casual la irrupción de la creciente ola de la llamada “posmodernidad”, luego de la caída del Muro de Berlín y del socialismo real, que tuvo entre uno de sus principales cometidos la destrucción teórica de la filosofía y el pensamiento socialistas, en sus diversas variantes. La manipulación y el trastocamiento curricular universitario estuvieron a la orden del día (determinadas materias y contenidos específicos, como la dialéctica materialista, por ejemplo, fueron suprimidos o modificados).
En el terreno baldío en que se convierte una universidad sin ideas, aparecieron grupos políticos oportunistas, la mayoría provenientes de los partidos tradicionales, afines no ya solo a los intereses de la dictadura sino a los que necesitaba el dominio del modelo de pensamiento neoliberal. Y a esta clase de grupos corresponde la política que se practicó entonces en los claustros universitarios: la del oportunismo puro y de los intereses personales, la del discurso inocuo frente al modelo socioeconómico dominante, la del pensamiento curiosamente denominado “apolítico”. En este contexto, aparece el Decreto Legislativo N° 882 (Ley de Promoción de la Inversión en Educación), en 1996, en pleno auge dictatorial, que no hizo sino mercantilizar la educación en el país, incluidas las instituciones de nivel superior, y ponerla al servicio de intereses privados. El objetivo era uno solo: medrar a expensas del destino de la educación peruana.
A partir de ahí, con un pensamiento sujeto a los parámetros del sistema, la universidad languideció, pues estaba herida en su corazón mismo-la producción libre de ideas-. Así, de la práctica de un discurso “apolítico” y no infectado de ideología, se pasó a una práctica mercantilista y puramente lumpenesca en la vida política universitaria.
Podemos decir, por consiguiente, que la desideologización produjo el marasmo de la masa universitaria y este ha conducido a los estudiantes a practicar una política carente de principios y siguiendo el único norte de los beneficios grupales o individuales a corto plazo. El proyecto de la universidad como institución fundamental de la sociedad ha quedado de lado, y con ello la visión de futuro hacia el desarrollo.
La realidad política actual de la universidad está marcada, pues, por la práctica de componendas , más que de alianzas, que denotan afanes de lucro y meros intereses individuales o de grupo en busca de poder. La palabra democracia, como sucede en la política a escala nacional, solo sirve muchas veces como cobertura de prácticas de corrupción o solo tiene valor nominal. La presencia de estudiantes en el tercio universitario, ya sea en la Asamblea Universitaria o en el Consejo Universitario, se presenta en este contexto de manipulación, oportunismo, arribismo, exclusión y pobreza de ideas y de proyectos acordes con la realidad social.
Democratizar la universidad debe ser el corolario de este artículo. Democratizarla, es decir, llenarla de vida, de intercambio programático, de enriquecimiento de proyectos, de conexión vital con la sociedad. Rivera Palomino (2018) señala con gran acierto los diversos aislamientos que padece la actualidad de la universidad peruana: aislamiento en relación a la sociedad, a la producción, a la cultura y al Estado mismo. Cerrar estas brechas de manera coherente y con una mirada a largo plazo y de permanencia en la historia, es el gran desafío para quienes nos interesa el futuro de la universidad y nuestro país.
