Más de 9000 servidores públicos habrían recibido canastas de víveres a pesar de que no se encontraban dentro de la población vulnerable. Así lo informó Nelson Shack, titular de la Contraloría General de la República. Indicó que este balance corresponde al estado de emergencia por el COVID-19.
“A inicios de junio la cifra ascendía a 4212, pero en la actualidad ha crecido a más de 9000”. Shack dio a conocer el informe “Control en tiempos de COVID-19”, tras más de 100 días de gestión en pandemia.
Explicó que hay evidencia de que 2600 recibieron canastas pese a que ganaban sueldos de 3000 a 5000 soles mensuales. La mayoría de los casos se encuentran en Lima, Iquitos, Junín, Piura, Cajamarca, Cusco y Huancavelica.
“Un claro despropósito respecto a la eficacia de la distribución de canastas de víveres”. La información la dio durante una conferencia de prensa.
Entre los problemas que motivaron la intervención del órgano de control se encuentran padrones de beneficiarios desactualizados. Igualmente, que la canasta se entregó a quien no correspondía o que llegaron tarde; además, que se sacaron algunos productos y falta de registro sanitario o de fecha de vencimiento.
La Contraloría visitó 1329 municipalidades a nivel nacional con participación de 400 auditores. Asimismo, el titular de la Contraloría General dio a conocer los hallazgos encontrados en operativos de control en hospitales públicos. Algunas de las irregularidades se detectaron en el servicio de limpieza y desinfección del transporte; al igual que en el padrón de hogar para el subsidio monetario y en la compra de dispositivos informáticos.
El informe incluyó el cobro de clínicas por pruebas moleculares de COVID-19 que el INS realizó de manera gratuita; así como las compras realizadas por comisarías y centros penitenciarios.
También, los informes de control al programa Reactiva Perú y al programa Fondo de Apoyo Empresarial a la Mype FAE-Mype. “En total se emitieron 8000 informes”, destacó.
El contralor adelantó que impulsará servicios de control para verificar si los organismos reguladores de servicios. Aquí se incluye luz, agua, telefonía, bancos, entre otros rn lo que se verifica si hicieron su trabajo con efectividad.
El contralor general señaló además que “necesitamos conocer cuál ha sido el costo de vidas humanas de la pandemia”; por eso la Contraloría intervendrá para conocer la consistencia y confianza de los registros de fallecidos de las entidades públicas”.
En este segundo semestre se harán operativos de control en materia de consultorías contratadas por las instituciones estatales. Esto, principalmente en ministerios para conocer las inversiones para atender las heladas y friajes.
