18 meses de prisión preventiva por homicidio de dueño de pollería

La jueza Liliana Malpartida Valderrama, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, aplicó 18 meses de prisión preventiva para seis de los ocho implicados en el asesinato de Luis Antonio Poma Jaimez (37), dueño de la pollería Luchos, ubicada en la cuadra 4 del jirón Leoncio Prado.
La fiscal Julissa Ramos Romero, de la Cuarta Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, fundamentó que los autores intelectuales del homicidio del empresario serían su propia hermana Magda Poma Jaimez (42) y cuñado Lucio Dionicio Alejos (52), alias Tío Lucho, dueños de la pollería Kokoroco. El odio y celos serían las razones del asesinato, debido al crecimiento económico de su hermano y por la venta de un terreno en Yarowilca.
Según las investigaciones, Cirilo Pumaccajia Centeno (58), exesposo de la prima de Dionicio, habría sido el nexo con los sicarios Miguel Naupay Rodríguez (31), alias Pájaro, y Rubén Ángel Alarcón Ocaña (31), alias Coyote, con la hermana y cuñado, quienes habrían ordenado acabar con la vida del empresario.
La representante del Ministerio Público manifestó que el 20 de junio de 2015, Luis Antonio Poma Jaimez recibió cinco balazos, sobrevivió al atentado y reconoció a Elmer Aníbal Naupay Chávez (24), alias Cheko. El sicario, su primo Miguel Naupay, alias Pájaro, logró huir.
El 10 abril y 9 de junio de 2015, Leyla Marjorie Espíritu Rosas (19) habría viajado de Lima a Huánuco con el sicario, alias Pájaro. Habrían trasladado el arma con que intentaron acabar con la vida del empresario, el 20 de junio. Mientras que Felicita de la Cruz Aróstegui (25) viajó días antes del homicidio ocurrido el 23 de setiembre 2016, también trasladando el arma y acompañado de alias Pájaro. Las boletas de viajes y registros en los hoteles los delatarían.
Los abogados defensores cuestionaron la sustentación vaga y genérica de los elementos de convicción para cada uno de los investigados en el requerimiento de prisión preventiva por parte de la fiscal. Este indicó que tiene las pruebas suficientes que lo incriminan en el hecho; sin embargo, no pudo digitalizar el requerimiento de prisión por el poco tiempo de 24 horas.
La magistrada, tras analizar los hechos, encontró indicios razonables que incriminan en el delito a los seis implicados. El levantamiento del secreto de las comunicaciones de cada acusado fueron determinantes. Refirió que el tráfico de llamadas entrantes y salientes, antes y después del atentado y homicidio del empresario, lo relacionarían a cada uno de los implicados con los sicarios, quienes se encuentran recluidos en el penal de Lurigancho de Lima.