Jorge Gabino González
Escritor, articulista, profesor de Lengua y Literatura
Presentado por la señora congresista de la República Sonia Rosario Echevarría Huamán, miembro ilustre y destacada del grupo parlamentario Acción Republicana, la iniciativa legislativa denominada “Ley que incorpora el principio del interés superior del niño y del adolescente como principio rector de la educación y regula la vigilancia de los materiales educativos”, vuelve a poner en debate no ya si el referido proyecto de ley sea pertinente o no respecto de los principios que sobre el particular establece la mismísima Constitución; ni si los peruanos merecemos que los dineros de todos se malgasten en pagarles los sueldos a congresistas y asesores (porque solos no mueven ni un dedo) para que nos salgan con la primera estupidez que se les venga a la cabeza; ni tan siquiera si a estas alturas del partido valga la pena o no que nos tomemos la molestia de ocuparnos de cuanto salga del burdel en que acabaron por convertir al Legislativo. Vuelve a poner sobre la mesa el si los peruanos somos tan estúpidos como para permitir que declarados extremistas, como los que estarían detrás de la susodicha propuesta, se hagan de un poder (cuasi inquisitorial), que a todas luces anhelan tener a como dé lugar.
En tal sentido, lo que buscarían los miembros de Acción Republicana sería la modificación y la agregación de ciertos incisos a la Ley General de Educación, a la ley que regula la participación de las Apafa en las instituciones educativas públicas y al reglamento de esta última. Así las cosas, uno de los aspectos que se considerarían en caso de que se aprobara dicho proyecto de ley sería «que los padres, y en su caso los tutores, [tendrían] derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Disparate mayúsculo desde todo punto de vista, habida cuenta de que bien sabido es que es el nuestro un Estado laico, esto es, según definición académica: “Independiente de cualquier organización o confesión religiosa”. ¿Tendrá la legisladora Echevarría alguna noción, aunque fuere primaria, de lo que implica el término “inconstitucional”?
Por otra parte, en lo que toca a dotar de mayores atribuciones a la Asociación de Padres de Familia, se facultaría a esta para “Vigilar que los contenidos de los materiales educativos sean adecuados al Interés Superior del Niño y el Adolescente, así como su distribución oportuna y el uso adecuado del material educativo que utilizan los estudiantes”. Postulado que aunque parezca broma de mal gusto, pues resulta que no lo es. Ya que, como lo estable el fragmento antedicho, se estaría buscando que las Apafa, institución que por muy necesaria que sea para la formación integral de los educandos, se encuentra a no dudarlo incapacitada para realizar “vigilancia” ninguna respecto de lo que se trata.
Como cereza del pastel, se nos indica, en una suerte de afán falsamente democratizador, que “Los materiales educativos procedentes del Ministerio de Educación antes de su impresión y distribución deben ser pre-publicados en soporte digital en el Portal Web del ministerio a fin de que los padres de familia puedan presentar sus observaciones a la autoridad competente en un plazo de 30 días hábiles”. ¿Pero será posible? ¿En qué cabeza puede caber que para que el Minedu edite los libros, y demás materiales educativos, que irán a parar a las manos de los escolares peruanos, tenga antes que “esperar”, que “atender”, que “considerar” las observaciones que los padres de familia pudieran hacerle? Y en el supuesto negado de que lo anterior fuera posible, ¿qué pasará con aquellos padres de familia que, por razones geográficas, económicas o simple y llanamente de analfabetismo digital, no puedan hacer uso de la Internet para realizar las mencionadas observaciones? ¿La palabra “discriminación” le dirá algo a la congresista Echevarría?
Suficiente tenemos ya con que el ministerio de Educación “intervenga” en lo que se debe incluir o no en los libros que publica el mismo ministerio de Educación, como para que tengamos que soportar ahora que cualquier ignorante, oportunista o advenedizo (que son los más), solo por el hecho fortuito de que trajo un hijo al mundo, deba también contar con voz y voto en materia tan delicada, como lo es sin lugar a dudas la de la determinación de qué es lo que debería figurar y qué no en los libros que el Minedu entrega a los millones de estudiantes de la Educación Básica Regular de nuestro país; vale decir, qué se debe aprender en las escuelas y qué no. “Zapatero, a tus zapatos”, dice un antiguo y para variar sabio refrán. Que en esencia da cuenta de que cada quien debería opinar, u obrar, solo sobre aquello que resulte de su competencia. Cosa bastante difícil para muchos, y ni que se diga de nuestros congresistas.
