En un nuevo capítulo de acusaciones políticas y presuntos actos de corrupción en el entorno del gobierno peruano, Yaziré Pinedo, quien mantuvo una relación sentimental con el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha señalado que este habría entregado sobornos por un total de S/120 mil a tres congresistas para asegurar el respaldo a la presidenta Dina Boluarte en el Congreso. La información, obtenida a partir de declaraciones de Pinedo, fue dada a conocer a Infobae a través de un informe de la periodista Camila Calderón.
Pinedo, protagonista del audio que precipitó la renuncia de Otárola al cargo de premier, detalló que presenció el momento en que se organizaba este presunto soborno. Según su relato, Otárola, entonces a cargo de la defensa legal de Boluarte, le pidió que anotara los nombres de los congresistas implicados en sobres manila. Esta transacción, sostiene Pinedo, tenía como fin principal blindar a Boluarte de una denuncia constitucional, específicamente las acusaciones número 268 y 269.
Relato de Pinedo: dinero y acuerdos en el estudio de Otárola
Pinedo afirmó que presenció movimientos sospechosos mientras visitaba el estudio de Otárola, un espacio en el que, asegura, se llevaban a cabo reuniones para pactar el respaldo parlamentario. “Como era su pareja, lo visitaba en su estudio”, comentó. Según ella, Otárola se encargaba de alinear a ciertos congresistas para que apoyaran a Boluarte, quien enfrentaba serias acusaciones. “Si no me equivoco, es la 268 y 269. Él les daba dinero. Yo supe de tres congresistas”, mencionó Pinedo. La cifra del supuesto soborno, indicó, era de S/120 mil.
“Yo siempre lo visitaba en su oficina. Un día llegué y en su mesita ya estaba todo preparado. Entonces, él me dio una lista donde estaban varios nombres y montos al costado. Me pidió un favor: ‘¿Puedes escribir estos tres nombres en sobres?’”, relató Pinedo. Aunque inicialmente no quiso revelar la identidad de los congresistas, más adelante indicó que los nombres coincidían con los incluidos en una denuncia previa de Zamir Villaverde, figura conocida en el ámbito político y legal peruano por sus declaraciones y denuncias controvertidas.
Los congresistas señalados y las implicancias para el Congreso
Los congresistas involucrados en el supuesto soborno serían, según las declaraciones de Pinedo y la denuncia previa de Villaverde, Wilson Soto Palacios (de Acción Popular), Segundo Quiroz (del Bloque Magisterial), y Elizabeth Medina (también del Bloque Magisterial). Esta revelación ha generado un impacto considerable en el ambiente político, dadas las tensiones que rodean al Congreso y al gobierno de Boluarte en medio de continuas disputas de poder y acusaciones de corrupción.
Al ser consultada por los nombres de estos legisladores, Pinedo confirmó su identidad al responder a la entrevistadora con un simple “sí, señora”. Su abogado, por su parte, ha afirmado que toda la información proporcionada por Pinedo es corroborada y que su clienta teme por su seguridad debido a la gravedad de sus acusaciones y las posibles represalias.
La respuesta de Otárola: acusa de difamación y extorsión
Ante la gravedad de estas acusaciones, Alberto Otárola respondió enérgicamente, negando la veracidad de los hechos y anunciando que emprenderá acciones legales contra Pinedo y Villaverde, a quienes acusa de estar detrás de un montaje en su contra. En una reciente entrevista en el programa Beto a Saber, Otárola calificó las declaraciones de Pinedo como “falsas” y aseguró que ella ha sido manipulada por una “organización criminal”.
“Yo realmente estoy absolutamente sorprendido por la manera en que se ha preparado este escenario y los actores para esta puesta en escena, que es realmente una obra bufa”, expresó Otárola. Además, acusó a Villaverde de estar detrás de lo que considera una estrategia de difamación para desprestigiarlo a él y, por extensión, a la presidenta Boluarte.
Otárola fue más allá al instar a la Fiscalía de la Nación a investigar las actas de colaboración eficaz de Villaverde, quien ha proporcionado información en casos anteriores en calidad de colaborador eficaz. “Yo ni siquiera voy a perder el tiempo aclarando las barbaridades que ha dicho esta señorita, que, repito, son el guion que le ha puesto y le ha leído este delincuente”, manifestó el exministro. Para Otárola, tanto Pinedo como Villaverde son conscientes de las repercusiones legales de sus acusaciones.
La denuncia y sus antecedentes: contradicciones en la versión de Pinedo
En su defensa, Otárola ha revelado que la versión que Pinedo presentó ante el Ministerio Público difiere considerablemente de sus recientes declaraciones. En su testimonio anterior, sostiene el exministro, Pinedo aseguró que fue víctima de una extorsión y que figuras como César Figueredo y el expresidente Martín Vizcarra la manipularon para lanzar acusaciones en su contra. “Son actas absolutamente rubricadas por ella”, dijo Otárola, quien ahora señala a Pinedo de actuar de manera delictiva para perjudicarlo. Estas contradicciones, asegura, evidencian que las acusaciones son infundadas y responden a intereses oscuros.
El impacto en la figura de Dina Boluarte y en el entorno político
El escándalo generado por las declaraciones de Pinedo pone en una situación delicada a Dina Boluarte, quien ya enfrentaba tensiones con el Congreso y la oposición. Aunque Boluarte no ha emitido ninguna declaración pública respecto a las acusaciones, la vinculación de su defensa legal en supuestos actos de corrupción podría mermar su imagen en el corto y mediano plazo. La denuncia reaviva las críticas contra la administración actual y cuestiona la ética del entorno de Boluarte, particularmente en un contexto de denuncias y conflictos internos en el gobierno.
Diversas organizaciones políticas han exigido una investigación exhaustiva para esclarecer el caso. Mientras tanto, la opinión pública observa con escepticismo la veracidad de las acusaciones, debido a los antecedentes de algunos de los involucrados, como Villaverde, y a la polarización en el ambiente político. La falta de transparencia en el Congreso y la desconfianza hacia las figuras gubernamentales y sus asesores, sin embargo, alimentan la percepción de corrupción y tráfico de influencias en la política peruana.
Una investigación pendiente y el rol de la Fiscalía
La Fiscalía de la Nación tiene ahora la responsabilidad de evaluar las pruebas y testimonios presentados en este caso, así como de esclarecer los hechos que han puesto a figuras del gobierno y del Congreso en el centro de la controversia. En caso de que se confirmen las acusaciones, se abriría una vía para posibles sanciones contra Otárola y los congresistas señalados. Sin embargo, si la denuncia se demuestra infundada, se convertiría en un precedente de difamación y calumnias en el ámbito político peruano.
Por lo pronto, la sociedad y la comunidad política esperan que las autoridades actúen con celeridad y transparencia para aclarar la veracidad de estas acusaciones. El resultado de esta investigación podría tener repercusiones significativas para el gobierno de Boluarte, para la credibilidad del Congreso y para el propio sistema de justicia en Perú. Informe basado en la cobertura de Camila Calderón para Infobae.
