Por: Denesy Palacios Jimenez
“El problema de la enseñanza no puede ser comprendido bien al no ser considerado como un problema económico y como un problema social. El estado es el órgano de la clase dominante. Tiene, por ende, la función de conformar la enseñanza con las necesidades de esta clase social”… “La crisis de la enseñanza coincide universalmente con una crisis política” (J.C. Mariátegui)
Los docentes de las universidades públicas peruanas están en huelga nacional indefinida más de treinta días, solicitando no solo la homologación de haberes, conforme a los magistrados del Poder Judicial, tal y conforme reza en la Ley Universitaria, sino que también solicitando se considere un mejor presupuesto para la universidad pública, porque de la noche a la mañana, la educación se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos, y lógicamente que va en desmedro de la calidad educativa.
Por eso una de las preocupaciones es que la adecuación a la nueva ley, como es el Licenciamiento debe ir acompañado de un presupuesto acorde que permita que las escuelas profesionales cuenten con la infraestructura necesaria como laboratorios, talleres, bibliotecas y personal docente idóneo y capacitado, sino los esfuerzos que se hagan por mejorar la educación no van a tener el sustento necesario, y continuaremos con proceso de acreditación de papel, que no nos conducen necesariamente a la calidad. Ya que ella comprende formación integral de los profesionales, es decir con valores, con avance científico y tecnológico, con profesionales especializados y capacitados para el ejercicio docente.
Por otra parte preocupa, que a los docentes de setenta años se les tenga que separar automáticamente el 31 de diciembre de 2016, conforme está estipulado en el estatuto de la UNHEVAL, cuando en otras universidades como San Marcos, lo plantean gradualmente y previas evaluaciones, porque en el caso de la docencia universitaria muchos profesores con esa edad han acumulado conocimientos y experiencias que deben transferir a los educandos; más ahora sabiendo que los grados de maestría y doctorado en algunos casos, también son producto de negocios lucrativos o mal llamados “chicha”, que no necesariamente han pasado por un control de calidad; es decir no basta con tener en el currículo vitae los diplomas que certifiquen ciertos grados, sino que estos docentes de setenta años, nos representan una mayor garantía en su enseñanza.
Preocupa que una medida de fuerza como esta, asumida por FENDUP, no encuentre el eco en los medios de comunicación, ni en las entidades gubernamentales, y en el Congreso más bien estén pensando en traer abajo la ley, para volver al sistema anterior, que significaría un retroceso de lo obtenido, se quiere priorizar la investigación científica, la responsabilidad social, el respeto a la meritocracia y que no se atropelle como se viene haciendo, como si las universidades fueran reparto de poder y de ingresos para los grupos que asumen el poder, donde el objetivo principal de la educación queda relegado
Hay tremendos espacios en los medios de comunicación, sobre la expulsión de Roberto Vieira del grupo político PPK, hay tremendos titulares sobre la ex primera dama, sobre el populismo de los grupos políticos, sobre Donald Trump, etc. etc., sin embargo los problemas latentes y demandantes no se ponen en agenda, ni se les trata; por ejemplo hay el PLAN 32 que propone TRANSPARENCIA, para mejorar el trabajo en la gestión pública tanto en el Poder Judicial, en el Congreso, en los gobiernos locales y regionales, en cómo combatir la corrupción enquistada en casi todas las instancias e instituciones, y para todo esto no hay voces, ni oídos. Es decir, necesitamos mejorar nuestros recursos humanos, una gestión de intereses transparentes. No les parece?
Buenos días y gracias
(*) Profesora Principal Facultad de Ciencias Sociales – UNHEVAL