Gobierno Regional de Huánuco otorga reconocimiento y apoyo a víctimas
El Gobierno Regional de Huánuco ha otorgado credenciales a 75 víctimas de la violencia política como parte del proceso de reparación que busca reconocer y atender a quienes sufrieron durante el período de 1980 a 2000. La entrega de estas credenciales tuvo lugar en el distrito de Colpas, provincia de Ambo.
Durante la ceremonia, una de las víctimas compartió su experiencia dolorosa, recordando los momentos de sufrimiento y la pérdida de seres queridos. Relató cómo su primo y su padre fueron capturados, siendo testigos de su sufrimiento hasta la muerte. Estos testimonios evidencian el impacto duradero que la violencia política dejó en la población.
El Registro Único de Víctimas (RUV), creado por la Ley n.° 28592 que establece el Plan Integral de Reparaciones, es el encargado de reconocer el derecho fundamental de las víctimas y beneficiarios a recibir algún tipo de reparación. La oficina del RUV del Gobierno Regional de Huánuco, a cargo de la socióloga Yassi Domínguez Machado, ha registrado a 300 personas en el primer semestre de 2023 y se encuentran en proceso de evaluación para ser acreditadas como víctimas de la violencia política.
En el evento de entrega de las credenciales, participaron sicólogos del Centro de Salud Mental Comunitario Grover Mori Romero de Ambo, quienes brindan talleres de acompañamiento psicosocial y recuperación a las víctimas. Estos espacios de apoyo son fundamentales para ayudar a las personas a superar los traumas y reconstruir sus vidas después de los eventos traumáticos.
El distrito de Colpas, ubicado a 120 minutos de la ciudad capital de Huánuco, al igual que muchas otras zonas del Perú profundo, sufrió los estragos de la guerra armada desatada por Sendero Luminoso contra el Estado. Las comunidades en estas áreas remotas fueron especialmente afectadas por la violencia y enfrentaron desafíos significativos en términos de seguridad, desarrollo y acceso a servicios básicos.
Dato:
Es importante destacar que las personas acreditadas como víctimas tienen acceso a beneficios en salud, educación y vivienda. Sin embargo, solo los beneficios del sector educación son transferibles a los hijos o nietos de las víctimas. Esta medida busca asegurar que las futuras generaciones también se beneficien de los esfuerzos de reparación y puedan tener un mejor futuro.
