Un juez federal ha dictaminado que Google incurrió en prácticas ilegales para mantener un monopolio en ciertos segmentos de la tecnología publicitaria en línea, sumando así un nuevo frente legal que podría transformar la empresa, valorada en 1.86 billones de dólares, y reconfigurar su influencia en internet. Este dictamen se produce en un contexto donde la Comisión Europea ya ha impuesto multas multimillonarias a Google por abuso de posición dominante en el mercado de publicidad online, lo que anticipaba una creciente presión regulatoria a nivel global.
Según la investigación publicada por The New York Times, la jueza Leonie Brinkema del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, determinó en una resolución de 115 páginas que Google violó la ley al consolidar su dominio sobre el complejo sistema tecnológico que gestiona la colocación de anuncios en las páginas web. Esta decisión es el resultado de una demanda interpuesta por el Departamento de Justicia y un grupo de estados, quienes argumentaron que el monopolio de Google en la tecnología publicitaria le permitía inflar los precios y apropiarse de una mayor proporción de cada transacción publicitaria.
La jueza Brinkema enfatizó que «además de privar a sus competidores de la capacidad de competir, esta conducta excluyente perjudicó sustancialmente a los clientes editores de Google, al proceso competitivo y, en última instancia, a los consumidores de información en la web abierta». Este perjuicio, según la corte, se manifestaba en precios inflados para los anunciantes y una menor rentabilidad para los editores de contenido digital.
El gobierno argumentó en su caso que Google detentaba un monopolio en tres áreas clave del mercado publicitario en línea: las herramientas utilizadas por los editores online, como los sitios de noticias, para alojar espacios publicitarios abiertos; las herramientas que emplean los anunciantes para adquirir dicho espacio publicitario; y el software que facilita estas transacciones. Este esquema vertical, según la acusación, permitía a Google controlar todo el flujo de ingresos publicitarios en internet.
La jueza Brinkema falló a favor del gobierno en dos de estas áreas, concluyendo que Google construyó ilegalmente un monopolio sobre las herramientas para editores y el sistema de software que orquestra las subastas de publicidad en tiempo real. No obstante, desestimó la acusación relativa a las herramientas utilizadas por los anunciantes, argumentando que el gobierno no había logrado demostrar que constituían un mercado real y definido, independiente de las otras dos áreas.
La resolución judicial se produce en un momento en que la industria publicitaria digital está experimentando una transformación significativa, con el auge de nuevas plataformas de publicidad y la creciente preocupación por la privacidad de los datos de los usuarios. La decisión podría obligar a Google a reestructurar su negocio de publicidad online, posiblemente a través de la venta de algunos de sus activos, lo que podría abrir nuevas oportunidades para sus competidores y alterar el equilibrio de poder en el mercado.
