El debate sobre los derechos de la mujer y la inclusión de personas transgénero ha alcanzado un nuevo hito en el Reino Unido. La reciente decisión del Tribunal Supremo británico, que interpreta la definición legal de «mujer» como referente al sexo biológico en la legislación antidiscriminatoria, ha generado controversia y potenciales implicaciones en la operación de servicios específicos y reclamaciones de igualdad salarial. La sentencia se produce en un momento de intensificación del diálogo público acerca de los límites entre los derechos de las personas trans y los de las mujeres.
Según la investigación publicada por The New York Times, el Tribunal Supremo dictaminó el miércoles que las mujeres trans no entran dentro de la definición legal de mujer bajo la legislación de igualdad del país. Este dictamen podría tener consecuencias de gran alcance en el funcionamiento de servicios exclusivos para mujeres, como refugios contra la violencia doméstica, así como en las demandas por igualdad salarial.
La decisión del Tribunal Supremo, si bien acotada a la interpretación específica de la Ley de Igualdad de 2010, podría reconfigurar el panorama legal y social en cuanto a la protección y el acceso a servicios. La corte enfatizó que su juicio no buscaba definir el significado de género o sexo en un sentido más amplio, sino limitarse a la interpretación de la legislación existente. El Tribunal reconoció que las personas trans seguirán teniendo protecciones contra la discriminación, pero que se hará bajo la característica protegida de «reasignación de género» en lugar de sexo.
El Primer Ministro, Keir Starmer, probablemente recibirá esta noticia con satisfacción. Algunos juristas habían especulado con que el tribunal podría negarse a dictaminar y, en cambio, obligar a su gobierno a pronunciarse sobre una cuestión espinosa y divisiva. El gobierno declaró el miércoles que siempre había apoyado la protección de «espacios de un solo sexo basados en el sexo biológico» y que el fallo aportaba «claridad y confianza» en torno a la prestación de servicios en hospitales, refugios para víctimas de violencia doméstica y clubes deportivos. En la práctica, esta declaración refuerza la postura del gobierno sobre la necesidad de preservar espacios diferenciados.
Lord Patrick Hodge, vicepresidente del tribunal, declaró: «La decisión unánime de este tribunal es que los términos ‘mujer’ y ‘sexo’ en la Ley de Igualdad de 2010 se refieren a las mujeres biológicas y al sexo biológico». Hodge hizo hincapié en que esta sentencia no debe interpretarse como una victoria de un grupo sobre otro. Esta declaración intentaba mitigar las posibles divisiones sociales exacerbadas por la sentencia.
La resolución se inserta en un contexto europeo donde la legislación sobre identidad de género varía significativamente. Países como España han avanzado hacia la autodeterminación de género, mientras que otros mantienen requisitos más estrictos. El debate en el Reino Unido, exacerbado por la escasez de recursos públicos, ha situado a las organizaciones de mujeres y a los activistas trans en bandos opuestos, dificultando el diálogo y la búsqueda de soluciones inclusivas. Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres han expresado su preocupación por el impacto que la autodeterminación de género podría tener en la seguridad y los derechos de las mujeres en espacios exclusivos, mientras que los activistas trans argumentan que la exclusión de las mujeres trans de estos espacios es discriminatoria e injusta.
