Tribunal Constitucional enfrenta desafíos por detención preliminar y caso Boluarte

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, expresó su preocupación por los excesos registrados en la aplicación de la detención preliminar, específicamente en casos donde no existe flagrancia. En diálogo con medios de comunicación, incluida Infobae, la magistrada recordó que esta figura jurídica ha sido objeto de críticas debido a su uso desproporcionado, afectando a personas que, tras permanecer detenidas durante largos períodos, terminan siendo declaradas inocentes.

“Ha habido una demora, pero dentro del plazo fijado por ley. Sin embargo, todos somos conscientes de que ha habido abusos en el uso de esta figura. Probablemente, lo que el Ejecutivo busca es encontrar un punto medio. Ahora será tarea del Congreso decidir si acoge las observaciones o no,” declaró Pacheco.

En este contexto, la presidenta del TC destacó que es fundamental evaluar cuidadosamente cada caso en el que se aplique esta medida. Según explicó, algunos detenidos han permanecido encarcelados durante 18 meses o más, solo para que, al final, sean absueltos por falta de pruebas concluyentes.

Observaciones del Ejecutivo y posibles acciones legales

Luz Pacheco también abordó las observaciones realizadas por el Ejecutivo al proyecto de ley aprobado por el Congreso que busca restablecer la detención preliminar en casos de no flagrancia. La magistrada explicó que, si el Congreso aprueba la norma por insistencia, existe la posibilidad de que se presente una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

“El Ejecutivo podría plantear esta acción, o bien otra entidad lo haría. Si no se presenta ninguna, la norma quedaría reafirmada en su constitucionalidad. Todo dependerá de los intereses de las partes en juego,” detalló la presidenta del TC en una entrevista con RPP Noticias.

Este posible enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo pone en evidencia las tensiones existentes en torno a la regulación de la detención preliminar y los límites de su aplicación.

Demanda competencial sobre el caso Dina Boluarte

Por otro lado, Luz Pacheco se refirió a la demanda competencial presentada por el Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público. Esta demanda busca que el Tribunal Constitucional delimite el alcance de las investigaciones abiertas contra la presidenta Dina Boluarte en casos que involucran su gestión como funcionaria pública.

Pacheco informó que el TC está a la espera de la contestación de la demanda, cuyo plazo vence en 30 días útiles. Una vez cumplido este procedimiento, el tribunal programará una audiencia que podría realizarse en febrero o marzo de este año.

“Somos conscientes de la urgencia de resolver esta cuestión, y actuaremos con celeridad para garantizar que se esclarezca hasta dónde se puede investigar a la mandataria,” aseguró la magistrada.

El Congreso debate la detención preliminar

En paralelo, el Congreso de la República también ha intensificado el debate sobre la detención preliminar. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha solicitado a la Comisión de Justicia convocar una sesión extraordinaria para discutir la autógrafa de ley observada por el Ejecutivo.

“Este es un tema de interés nacional que excede los límites del Parlamento. Los congresistas debemos actuar conforme a los intereses de la nación,” señaló Salhuana durante una conferencia de prensa.

El titular del Legislativo explicó que este asunto requiere un tratamiento ágil y eficiente, ya que involucra la expectativa ciudadana sobre el sistema de justicia. Asimismo, informó que ha mantenido conversaciones con el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, quien se comprometió a organizar una sesión extraordinaria para analizar el dictamen.

Contexto: ¿Por qué la polémica?

La figura de la detención preliminar ha sido objeto de un intenso debate en el Perú debido a los supuestos abusos registrados en su aplicación. Aunque esta medida es considerada un mecanismo útil para garantizar investigaciones efectivas en casos de alta complejidad, su uso indiscriminado ha generado críticas.

En algunos casos, las personas detenidas han permanecido en prisión por períodos prolongados sin un juicio justo, lo que ha llevado a cuestionar el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.

“La detención preliminar no puede ser utilizada como una norma general, sino como una medida excepcional y bien fundamentada,” subrayó un especialista en derecho penal consultado por Infobae.

Tensión entre poderes

Este debate también refleja las tensiones políticas entre el Ejecutivo y el Congreso. Mientras el Ejecutivo busca moderar el alcance de la detención preliminar para evitar abusos, el Congreso ha mostrado interés en restablecerla en casos de no flagrancia, argumentando que es una herramienta clave para combatir delitos graves.

La eventual aprobación de la norma por insistencia podría desencadenar un enfrentamiento directo entre ambos poderes, con el Tribunal Constitucional como árbitro final en caso de presentarse una acción de inconstitucionalidad.

Reflexión de la presidenta del TC

Luz Pacheco, en su calidad de presidenta del TC, hizo un llamado a la reflexión sobre la necesidad de garantizar un equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales.

“Es fundamental que las leyes y su aplicación respeten los principios constitucionales. No podemos permitir que una herramienta diseñada para proteger a la sociedad se convierta en un instrumento de abuso,” concluyó Pacheco.