El Tribunal Constitucional de ha dictaminado parcialmente a favor de una demanda presentada por el Poder Ejecutivo, modificando significativamente la ley que regula las sanciones administrativas en casos de responsabilidad funcional. La decisión, que declara inconstitucionales varias disposiciones de la Ley 31288, recalca que la Contraloría General de la República no posee una potestad sancionadora autónoma en determinados ámbitos.
Según el fallo, se han eliminado ciertas infracciones y se ha invalidado la referencia a la «grave afectación al servicio público» en diversas infracciones de la Ley 27785, modificada en 2021. El Tribunal también ha cuestionado otras normas relacionadas con el procedimiento administrativo sancionador y la estructura de la Contraloría.
El Tribunal ha instado al Congreso a clarificar las competencias sancionadoras entre la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y la Contraloría General, subrayando que la sentencia no afectará a los procesos ya concluidos o en trámite.
Este dictamen surge después de que la Contraloría expresara preocupaciones sobre el impacto negativo de la ley en los esfuerzos anticorrupción, advirtiendo que podría llevar al archivo de numerosos casos de corrupción identificados desde la vigencia de la le
