La reciente decisión del gobierno brasileño, liderado por Lula da Silva, de otorgar asilo a la ex primera dama peruana Nadine Heredia ha desatado una ola de críticas, tanto en Brasil como en Perú. La controversia se centra en la justificación del asilo, dado que Heredia enfrenta cargos por corrupción y no por persecución política, un punto que ha sido especialmente cuestionado por figuras de la oposición brasileña. Este caso reaviva el debate sobre los límites del asilo político y su uso en contextos de acusaciones por delitos comunes, un tema recurrente en la política latinoamericana.
Según la investigación publicada por El Comercio, el senador brasileño Sergio Moro, conocido por su rol en el caso Lava Jato, se ha erigido como una de las voces más críticas contra esta medida. Moro argumenta que el asilo desvirtúa el propósito original de esta figura legal, que debería reservarse para personas que sufren persecución política real, como opositores a regímenes autoritarios, poniendo como ejemplo a los críticos del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
El exjuez del Lava Jato ha sido particularmente incisivo con la utilización de recursos públicos para trasladar a Heredia a Brasil. El uso de un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) para este propósito, según Moro, generó una «indignación particular» en la opinión pública brasileña, al considerar que se le trató como a un jefe de Estado cuando en realidad está condenada por corrupción. Este hecho se suma a la controversia general en torno al asilo.
La oposición brasileña, liderada por figuras como Moro, ha tomado acciones concretas para cuestionar la decisión del gobierno. Se han presentado mociones de repudio, solicitudes de información y hasta pedidos de citación al ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, para que explique la justificación del asilo ante el Senado. Moro, concretamente, solicitó la comparecencia de Vieira ante la comisión senatorial correspondiente.
Moro anticipa que, aunque la oposición no tenga la fuerza suficiente para revocar el asilo en el corto plazo, es probable que la medida sea revisada en el futuro, particularmente después de las elecciones brasileñas de 2026, asumiendo un cambio de gobierno. Recuerda el caso de Cesare Battisti, el prófugo italiano que fue asilado por Lula da Silva y luego extraditado por el gobierno de Michel Temer, como un precedente de cómo un cambio político puede influir en decisiones de este tipo.
En cuanto a la posibilidad de que Perú solicite la extradición de Heredia, Moro considera que es un paso importante para que la justicia brasileña analice el caso y determine la validez del asilo. Incluso si la extradición es denegada inicialmente, Moro sugiere que el proceso podría ser renovado si el asilo es revocado en el futuro. Esta postura evidencia la desconfianza de Moro en la justificación del asilo y su creencia en que Heredia debe rendir cuentas ante la justicia peruana.
Moro también contextualiza el asilo en el marco del actual gobierno de Lula da Silva, al que califica de «fracasado» por la falta de un proyecto de país sólido y por el deterioro de la economía, la seguridad pública y la lucha contra la corrupción. En este sentido, considera que la concesión del asilo a Heredia es un síntoma de este declive político y de la pérdida de imagen internacional del gobierno brasileño. Además, lamenta la anulación de las condenas del caso Lava Jato, impulsada por razones formales y por el ambiente político favorable al regreso de Lula al poder, lo que ha significado un retroceso en la lucha contra la corrupción en Brasil.
