Seis años de prisión efectiva para policías por pedir coima

Los efectivos policiales Paulo Cesar Ayala Ferrer y Ulbio Rooswelt Rucana Ayala fueron sentenciados a seis años y ocho meses de prisión efectiva, tras ser hallados culpables de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de funcionarios y cohecho pasivo propio en agravio del Estado.
Los policías fueron hallados responsables de pedir S/400 y S/ 500 al transportista Fredy Yoel Trujillo Villar a cambio de no imponerle una papeleta, porque su camión de placa ADX-705 no contaba con las respectivas barras anti empotramientos y porque al momento de ser intervenido el conductor presentó una licencia de conducir que no le pertenecía.
El hecho ocurrió el 3 de octubre de 2014 a las 11:00 de la mañana en la intersección del jirón Bolívar y el malecón Daniel Alomia Robles, donde el suboficial Paulo Cesar Ayala Ferrer intervino el camión y le dijo al conductor que lo llevaría a la comisaría. Luego avisó a su colega Ulbio Rooswelt Rucana y le ordenaron que les siga mientras los agentes se desplazaban conduciendo una motocicleta policial. Se dirigieron hasta la esquina de los jirones Tarapacá y Bolívar donde le preguntaron al conductor cuánto de dinero tenía; les respondió que solo tenía S/30, entonces Paulo Ayala le solicitó S/400 y se fue llevando los documentos del vehículo, donde Ulbio Roosvelt muy molesto le indicó que el arreglo tenía que ser por S/500, pero como tenía dicho monto Trujillo les pidió que le impongan la papeleta.
Cuando llegaron los representantes de la fiscalía y policías del Departamento Contra la Corrupción, constataron que los efectivos policiales de Tránsito, Paulo Cesar Ayala Ferrer y Ulbio Rooswelt Rucana Ayala demoraron en la intervención hasta por una hora, pero no comunicaron a sus superiores, no impusieron la papeleta y obviaron otros procedimientos y elementos que los incriminaron en el delito. Por estas razones fueron sentenciados.
La decisión fue tomada por el juez Luis Pasquel Paredes, quien además ordenó el pago de S/ 3 mil como reparación civil e inhabilitaron a los sentenciados a ejercer función o cargo público por un periodo de 3 años.