Se debe ordenar desalojo de clínica favorecida por Jesús Giles

La Beneficencia Pública de Huánuco ha planteado ante el Primer Juzgado Civil, que despacha el juez Jean Agurto, ordene el desalojo de la Clínica Bolívar que, en el 2014, el exalcalde Jesús Giles Alipázaga le redujo el alquiler de 3099 soles a 1500 soles por mes en una clara muestra de favorecimiento y perjuicio de los intereses de la entidad propietaria del local que recauda dinero para atender a niños y ancianos que se encuentran abandonados por la Sociedad y el Estado Peruano. Así lo informó el abogado Marco Duran Roca, gerente de la Beneficencia.
Durán explicó que la orden de desalojo se sustenta en que el local fue alquilado a un Centro de Diagnóstico y no a la Clínica Bolívar, que en realidad ocupa el lugar y que no solo se benefició con la irregularidad cometida por el exalcalde, cuando de manera escandalosa le disminuyó los alquileres a menos del 50 % sin causa ni justificación alguna.
El gerente de la Beneficencia explicó que las relaciones con la Clínica Bolívar no son las adecuadas porque no acepta negociar para pagar el justiprecio que se ajusta a la realidad, además que se portan inadecuadamente cuando se trata de pagar los recibos de agua y electricidad que lo hacen después de tres o cuatro meses, lo que significa que en la práctica se benefician de una subvención irregular de la Beneficencia Pública. Por tal motivo, solicitó al Juzgado Civil que aplique la ley en honor a la justicia y la legalidad en respeto a los derechos del pueblo de Huánuco que son pisoteados por esta clínica.
Otros inquilinos pagan alquileres justos
La Beneficencia tiene 46 inquilinos, de los cuales el 95 % paga sus alquileres oportunamente y el resto paga luego de recordárseles, pero en relación a lo que se encontró al asumir la gestión en 2015 se ha ordenado el pago oportuno de alquileres. Incluso en el caso de entidades del Estado, como la Dirección Desconcentrada de Cultura, se ha logrado que pague la deuda atrasada. En el caso del local de la Prefectura Regional aún hay atraso de seis meses que se espera solucionar a la brevedad porque no se quiere llegar al extremos que la Policía Nacional dé garantías para desalojar a otra instancia del Ministerio del Interior.