La libertad de prensa en Perú enfrenta un nuevo desafío con la denuncia penal presentada por el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, contra periodistas del programa dominical “Punto Final” de Latina Televisión. Esta acción legal se produce tras la emisión de un reportaje que aparentemente revela la continua influencia de Santiváñez dentro del gobierno de Dina Boluarte, a pesar de su censura previa por el Congreso. La denuncia, interpuesta ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina, acusa a los periodistas de un presunto delito de reglaje, una figura legal usualmente asociada al crimen organizado. La situación se da en un contexto de crecientes críticas al manejo de la información pública por parte del gobierno, incluyendo la prolongada ausencia de la presidenta Boluarte ante la prensa, que supera los 250 días sin ofrecer declaraciones.
Según la investigación publicada por El Comercio, la denuncia también incluye a la conductora Mónica Delta, al director del programa Juan Subauste Gildemeister, al periodista Carlos Hidalgo, al camarógrafo Jorge Ramírez y a la empresa televisiva Latina.
Santiváñez alega que el reportaje, titulado “¿Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio?”, emitido el 29 de junio, implicó actos de vigilancia frente a su domicilio, exponiéndolo a riesgos presuntamente delictivos. En su denuncia, invoca el artículo 317-A del Código Penal, que tipifica el delito de marcaje o reglaje, argumentando que su imagen, vehículo y domicilio fueron grabados con el fin de facilitar una posible extorsión. El exministro solicita a la fiscalía que requiera los videos de seguridad pertinentes, la lista del personal del programa y que cite a declarar a todos los miembros del equipo periodístico involucrado en la investigación. Esta acción legal ha generado fuertes reacciones entre los periodistas y organizaciones de defensa de la libertad de prensa, quienes la ven como un intento de amedrentamiento y censura.
Mónica Delta, conductora de “Punto Final”, ha calificado la denuncia como un acto de intimidación que trasciende la figura de Santiváñez, enmarcando esta acción dentro de una estrategia gubernamental más amplia para silenciar las voces críticas. Delta enfatiza que el reportaje buscaba mostrar la persistencia del poder de Santiváñez, incluso después de su censura por el Congreso, señalando que continúa reuniéndose con congresistas, ministros y figuras políticas desde su oficina dentro de la Presidencia de la República. Subraya la importancia de informar sobre las actividades y el manejo del poder de figuras públicas, especialmente aquellas que han ocupado cargos de alta responsabilidad en el gobierno.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), a través de su presidenta Zuliana Lainez, ha rechazado enérgicamente la denuncia de Santiváñez, calificándola como un nuevo intento de criminalización del ejercicio periodístico. Lainez destaca que el delito de reglaje se configura únicamente cuando el seguimiento a una persona tiene como fin la comisión de un delito, como la extorsión o el secuestro, y cuestiona si Santiváñez considera que la actividad periodística tiene fines delictivos. Recuerda, además, que Santiváñez ya había mostrado hostilidad hacia la prensa independiente durante su gestión como ministro del Interior, incluyendo amenazas de denuncia a medios que publicaron investigaciones fiscales en las que estaba involucrado.
La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) también ha expresado su preocupación, señalando que la denuncia representa un grave atentado contra la libertad de prensa y un intento inaceptable de intimidar a los periodistas de investigación. Asimismo, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) ha identificado en su último informe varios casos de agresión a la libertad de expresión, incluyendo la inacción comunicacional de la presidenta Boluarte y ataques contra periodistas, lo que evidencia un clima de creciente hostilidad hacia los medios en el país. Se suma a esto el caso del ex presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien también denunció a un periodista por presunto reglaje, utilizando la misma figura penal, lo que para la ANP evidencia un patrón de criminalización del periodismo.
A pesar de haber sido censurado por el Congreso, Juan José Santiváñez fue reincorporado por la presidenta Boluarte a su círculo cercano, asignándole un nuevo puesto dentro de Palacio: la Oficina General de Monitoreo Gubernamental. El reportaje de “Punto Final” reveló que desde allí, Santiváñez sigue recibiendo a ministros, parlamentarios y asesores, generando interrogantes sobre su verdadera influencia en el Ejecutivo. Este contexto, sumado a la denuncia por reglaje, ha intensificado el debate sobre la independencia de la prensa y la transparencia en el gobierno, en un momento en que la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra en niveles críticos.
