Tras las críticas generalizadas por la aprobación de la ley contra el crimen organizado, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Salhuana, confirmó que se discutirá su posible derogación o modificación. La Junta de Portavoces del Congreso se reunirá este lunes 30 de septiembre para abrir el debate sobre la normativa, que ha sido ampliamente cuestionada por crear un entorno favorable para el crecimiento de actividades delictivas y debilitar los allanamientos, herramienta crucial en la lucha contra el crimen.
Según un informe de La República, escrito por Miguel Ángel Candia, la ley 32108, aprobada recientemente, exige la presencia del abogado defensor durante los allanamientos, lo que anula el factor sorpresa, considerado clave en la obtención de pruebas. Salhuana reconoció el error del Congreso al aprobar esta modificación y se comprometió a corregirlo, ya sea mediante la derogación total de la ley o con ajustes que fortalezcan la normativa sin perjudicar la efectividad de la justicia. “Voy a proponer que discutamos el tema de la modificatoria o derogatoria de la ley 32108. Hay que corregir básicamente el tema de los allanamientos… tiene que primar el interés colectivo», señaló Salhuana.
Debilitamiento de los allanamientos y su impacto en la lucha contra el crimen
Uno de los puntos más polémicos de la ley es la obligación de que los allanamientos se realicen con la presencia del investigado y su abogado, lo que según los críticos, entre ellos especialistas en derecho penal, otorga una ventaja significativa a los delincuentes al permitirles preparar su defensa y ocultar evidencias. Este cambio fue impulsado por el congresista Waldemar Cerrón y aprobado por la Comisión Permanente del Congreso con 12 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones. Aunque la norma aún está pendiente de aprobación por el Ejecutivo, su contenido ha sido objeto de amplio rechazo, ya que beneficia a los criminales y debilita la persecución del delito.
El congresista Jaime Quito Sarmiento, de la bancada socialista, fue uno de los primeros en presentar un proyecto de ley para derogar esta norma, argumentando que la nueva regulación, lejos de fortalecer la justicia, ha debilitado herramientas esenciales como el allanamiento. Por su parte, el legislador Américo Gonza Castillo, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, defendió la propuesta alegando que busca asegurar que la justicia se imparta de manera justa y no arbitraria. “La justicia debe imponerse por encima de cualquier interés personal o de cualquier grupo”, afirmó Gonza.
