La lucha contra el narcotráfico en el Perú enfrenta uno de sus mayores retrocesos tras la decisión del gobierno del Reino Unido de retirar su apoyo financiero y logístico al Grupo Especial de Tarea Antidrogas en Aeropuertos (GETAA). Este equipo, formado para combatir el tráfico de drogas en puntos estratégicos como aeropuertos y puertos, ha sido señalado por corrupción e incapacidad para cumplir con sus objetivos, según una carta dirigida al general PNP Luis Flores Solis, director de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional.
Este golpe llega en un momento crítico, mientras el país se prepara para enfrentar nuevos desafíos logísticos y de seguridad, como la apertura del Megapuerto de Chancay, que, según expertos, podría convertirse en una puerta de acceso para las redes internacionales del narcotráfico.
Reino Unido: corrupción y falta de resultados
Desde su creación en 2013, el GETAA operaba con financiamiento británico, el cual permitía la capacitación de sus miembros, el acceso a tecnología de punta y bonificaciones salariales. Sin embargo, las recientes denuncias de corrupción dentro del equipo y el procesamiento de un funcionario clave han motivado la suspensión de este apoyo.
La carta enviada al director de la Dirandro señala que el proyecto «no está cumpliendo los objetivos y resultados establecidos». Además, se destaca que las acusaciones de corrupción han «comprometido las condiciones necesarias para el respaldo financiero».
Según Renato Silva, en su informe para Infobae, esta situación no solo debilita las capacidades operativas del equipo antidrogas, sino que también genera un mensaje preocupante para la comunidad internacional sobre la eficacia del Perú en la lucha contra el narcotráfico.
Megapuerto de Chancay: un nuevo desafío
La apertura del Megapuerto de Chancay, considerada una de las obras de infraestructura más importantes para la economía del país, representa también un potencial peligro. La falta de agentes calificados y la decisión de priorizar voluntarios que residan cerca de la zona han generado preocupación en torno a la seguridad del puerto.
Según un informe de Perú 21, la Dirección Antidrogas de la PNP optó por buscar personal voluntario que viva en distritos cercanos, como Ancón, para evitar largos traslados, en lugar de seleccionar agentes capacitados en la lucha antidrogas. Esta decisión, calificada como «improvisada» por expertos, podría facilitar el ingreso y salida de cargamentos ilegales a través del puerto.
El especialista en seguridad Ciro Salazar, en diálogo con Infobae Perú, advirtió que “la apertura de un megaproyecto como este debe ir acompañada de medidas de control estrictas y personal altamente calificado; de lo contrario, se convertirá en un nuevo punto estratégico para las mafias del narcotráfico”.
La Amazonía: proyectos viales que benefician a los ilegales
El narcotráfico no solo encuentra oportunidades en infraestructuras portuarias como Chancay, sino también en la construcción de carreteras que atraviesan la Amazonía peruana. Un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) alerta que cinco proyectos viales en Loreto y Ucayali podrían convertirse en rutas para el transporte de drogas y minería ilegal.
Entre las carreteras identificadas están:
- Puerto Arica-Flor de Agosto
- Bellavista-El Estrecho
- Jerano Herrera-Colonia Angamos
- Pucallpa-Cruzeiro do Sul
- Pucallpa-Puerto Breu
Estas vías, además de conectar regiones aisladas, facilitarían las actividades ilegales al reducir los tiempos de transporte hacia los mercados internacionales.
“El Estado peruano tendría que fiscalizar más rutas de las que puede manejar actualmente, aumentando su vulnerabilidad frente a organizaciones como el Comando Vermelho y las FARC, que operan en Brasil y Colombia”, explicó Salazar.
Un sistema debilitado
El retiro del financiamiento británico al GETAA y las decisiones cuestionables en torno al personal asignado al Megapuerto de Chancay reflejan un panorama crítico en la lucha contra el narcotráfico. Según especialistas, la falta de planificación y transparencia en las acciones de las autoridades está debilitando aún más un sistema que ya enfrenta desafíos estructurales.
“La corrupción es uno de los principales problemas que impiden que las estrategias antidrogas sean efectivas. Si las instituciones no son capaces de garantizar la integridad de sus propios equipos, la lucha contra el narcotráfico está condenada al fracaso”, afirmó el analista político Manuel García.
Recomendaciones para una lucha eficaz
Los expertos coinciden en que, para enfrentar estos desafíos, el Perú debe adoptar medidas urgentes que incluyan:
- Reestructuración de los equipos antidrogas: Garantizar que los agentes seleccionados cuenten con la capacitación y experiencia necesarias para enfrentar el narcotráfico en zonas estratégicas.
- Transparencia y auditoría externa: Implementar sistemas de monitoreo independientes que aseguren el uso adecuado de recursos y prevengan actos de corrupción.
- Fortalecimiento de la cooperación internacional: Reconstruir relaciones con aliados clave, como Reino Unido, para asegurar el financiamiento y la transferencia de tecnología.
- Desarrollo integral en la Amazonía: Incluir proyectos de educación, salud y telecomunicaciones como parte de las obras viales para evitar que beneficien exclusivamente a economías ilegales.
Conclusión
La lucha contra el narcotráfico en el Perú atraviesa un momento crucial. Desde el retiro del apoyo británico hasta las improvisaciones en proyectos estratégicos como Chancay, las señales apuntan a una falta de planificación y control que pone en riesgo los esfuerzos por combatir este flagelo.
El gobierno y las instituciones deben actuar con celeridad para recuperar la confianza de la comunidad internacional y garantizar que el país no se convierta en un punto clave para las redes del narcotráfico global. Como señala Renato Silva en su informe para Infobae, “la eficiencia y la integridad deben ser la base de cualquier estrategia antidrogas”.
