La garantía corporativa otorgada por Petro-Perú a Altamesa Energy en el Lote 192, ubicado en Loreto, ha generado una fuerte controversia. Esta decisión, que implica que la petrolera estatal asuma las obligaciones financieras de Altamesa, pone en riesgo la sostenibilidad económica de Petro-Perú y podría obstaculizar el cumplimiento de las metas fiscales, presupuestales y de liquidez establecidas en el Decreto de Urgencia 013-2024, el último salvataje financiero otorgado por el Gobierno.
Según la investigación publicada por El Comercio, la Contraloría de la República ha expresado serias reservas sobre esta operación, advirtiendo sobre el posible incumplimiento de las medidas de austeridad y optimización a las que Petro-Perú se había comprometido.
El órgano de control ha señalado la falta de un análisis técnico-financiero que respalde la conveniencia de que Petro-Perú se convierta en garante corporativo de Altamesa. Esta ausencia de justificación técnica genera dudas sobre si la decisión se alinea con los objetivos estratégicos de la empresa estatal, especialmente en lo que respecta a su estabilidad financiera. Es importante recordar que el Lote 192, ubicado en la selva norte del Perú, ha sido históricamente un foco de conflictos sociales y ambientales, lo que añade complejidad a cualquier operación en la zona.
La Contraloría también alertó sobre los riesgos que implicaría cualquier acción futura de Petro-Perú para recuperar deudas de Altamesa o buscar un nuevo socio estratégico para el Lote 192. Al asumir la figura de garante corporativo, Petro-Perú se convierte en responsable solidario o subsidiario de las obligaciones que originalmente correspondían a Altamesa, lo que podría generar un pasivo contingente significativo para la empresa estatal.
Paralelamente a la difusión del informe de la Contraloría, Petro-Perú anunció el inicio de un proceso de convocatoria pública para incorporar un socio estratégico que actúe como operador del Lote 192. La empresa estatal busca una compañía petrolera con experiencia en la operación de campos en Perú y/o en el extranjero, que asuma el rol de contratista-operador bajo el contrato vigente.
En este contexto, Petro-Perú ha justificado su rol como garante corporativo como una medida temporal, mientras se selecciona una empresa petrolera que reemplace a Altamesa. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre la capacidad de Petro-Perú para asumir esta responsabilidad sin comprometer su propia estabilidad financiera. La situación se agrava si consideramos que Petro-Perú enfrenta desafíos importantes, incluyendo la modernización de la Refinería de Talara y la necesidad de mejorar su gobierno corporativo, factores que complican aún más su situación financiera.
Perú-Petro, la agencia estatal encargada de la promoción de la inversión privada en el sector hidrocarburos, ha aclarado que aún no ha dado su conformidad a la designación de Petro-Perú como garante corporativo. Si bien ha reconocido que Altamesa cumplió con presentar un nuevo garante, Perú-Petro se encuentra evaluando si Petro-Perú cuenta con las capacidades necesarias para asumir este rol. La decisión final de Perú-Petro será crucial para determinar el futuro del Lote 192 y el impacto financiero en Petro-Perú.
