Rafael Muente, presidente de Osiptel, acusó al primer ministro Gustavo Adrianzén de haber impulsado su suspensión por una supuesta «animadversión» personal que data de 2005. Muente fue sancionado con 365 días sin goce de haber tras ser acusado de utilizar recursos públicos para pagar un posgrado en España, pese a que la Contraloría concluyó que no existieron irregularidades.
Muente manifestó que el proceso administrativo en su contra violó los plazos legales y el debido proceso. Señaló que recurrirá a todas las instancias legales para defender su honor y derecho al trabajo. Según su versión, nunca fue recibido por Adrianzén para discutir el caso, pese a haberlo solicitado en varias ocasiones.
El origen de la sanción fue el desembolso de 57,250 soles para un curso de posgrado, lo cual fue autorizado a través de una contratación directa. Sin embargo, tanto la Contraloría como otras entidades, incluyendo Servir, señalaron que no se encontraron irregularidades en la gestión del curso.
Muente sostuvo que la capacitación cumplió con los procedimientos legales y fue aprobada por la Secretaría Técnica, que archivó el caso en un primer momento.
