El juez Ronny Marcel Torres Gómez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Puerto Inca de la Corte Superior de Justicia de Ucayali fue quejado por presunta comisión del delito de abuso de autoridad y omisión de funciones.
La queja la interpuso Edgar Campean Reymundo quien acusa al indicado juez, haber vulnerado su derecho de acceso a la información pública. Además de haber omitido y reusado ilegalmente elevar su recurso de apelación al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información.
Según los argumentos, Campean Reymundo solicitó el “reporte del sistema. Con información sobre cantidad de expedientes generados por los delitos de violación de medidas sanitarias. Dentro de la jurisdicción del Juzgado de Investigación Preparatoria de Puerto Inca. Desde el inicio de la pandemia COVID-19 hasta Julio 2021”.
Sin embargo, el indicado magistrado, mediante oficio N. 262-2021-JIP-CSJUC/PJ con fecha 27 de julio 2021. Le niega el acceso a la información, alegando que el acceso a los expedientes es únicamente a las partes procesales y/o apersonados en el proceso. Pese haber solicitado solo la cantidad numérica o estadística de los expedientes.
Indicó también que, solicitó al juez elevar su apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la información Pública; sin embargo, mediante oficio N. 262-2021-JIP-CSJUC/PJ, le notifica negando el pedido, argumentando que no existe resolución emitida por dicho despacho, el mismo que sería materia de impugnación.
Asimismo, en el indicado oficio, el magistrado cuestionó que el oficio, se presento con rubrica como efectivo policial. Alega que se advierte el mal actuar del solicitante, y hace saber que pondrá en conocimiento de la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú.
Ante tal respuesta, Campean presentó su recurso de apelación directamente al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ente que declaró fundado su apelación y ordenó al Juzgado de Investigación Preparatoria de Puerto Inca. Entregar la información requerida en un plazo de siete días hábiles bajo apercibimiento de informar a la fiscalía.
“Los encargados de velar por los derechos fundamentales, en una suerte de inquisitiva. Abusan del poder que les otorgó el Estado y atropellan nuestros derechos”, manifestó Edgar Campean Reymundo.
