LA VOZ DE LA MUJER
Denesy Palacios Jiménez
11.07.23
“El problema de la enseñanza no puede ser bien comprendido si no es considerado como un problema económico y como un problema social. El estado es el órgano de la clase dominante. Tiene, por ende, la función de conformar la enseñanza con las necesidades de esta clase social. Por eso, la crisis de la enseñanza coincide universalmente con una crisis política” (J.C. Mariátegui).
Los docentes de las universidades públicas peruanas están en lucha con paros a nivel nacional, solicitando no solo mejoras salariales y reconocimiento de CTS y otros derechos, conforme reza en la Ley Universitaria, sino que también están solicitando que se considere un mejor presupuesto para la universidad pública. De la noche a la mañana, la educación se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos, y lógicamente, esto va en desmedro de la calidad educativa.
Por eso, una de las preocupaciones es que la adecuación a la nueva ley, como es el licenciamiento, debe ir acompañada de un presupuesto acorde que permita que las escuelas profesionales cuenten con la infraestructura necesaria como laboratorios, talleres, bibliotecas y personal docente idóneo y capacitado. Además, se deben hacer los esfuerzos para mejorar la educación y cumplir con los estándares de las Condiciones Básicas de calidad para poder acreditarnos. Ya que ella comprende formación integral de los profesionales, es decir, con valores, con avance científico y tecnológico, con profesionales especializados y capacitados para el ejercicio docente.
Por otra parte, preocupa las denuncias que aparecen en los medios masivos de comunicación, sobre los grados y títulos de fiscales, miembros de las Fuerzas Armadas, sin poder acreditar asistencia a dichas clases. Lo que más bien preocupa es la buena imagen que se destruye de instituciones educativas, tanto públicas como privadas; más aún sabiendo que los grados de maestría y doctorado, en algunos casos, también son producto de negocios lucrativos o mal llamados “chicha”, que no necesariamente han pasado por un control de calidad. Es decir, no basta con tener en el currículo vitae los diplomas que certifiquen ciertos grados, sino que estos docentes, funcionarios, magistrados y señores de las FFAA, deberían demostrar cómo han adquirido tales certificaciones, sin poder demostrar su asistencia y participación en clases.
Por otra parte, preocupa que una medida de fuerza como esta, asumida por FENDUP, no encuentre eco en los medios de comunicación, ni en las entidades gubernamentales, y en el Congreso más bien estén pensando en derogar la ley, lo cual significaría un retroceso en todo lo avanzado y obtenido. Se quiere priorizar la investigación científica, la responsabilidad social, el respeto a la meritocracia y que no se atropelle como se viene haciendo, como si las universidades fueran reparto de poder y de ingresos para los grupos que asumen el poder, donde el objetivo principal de la educación queda relegado.
En este día, quiero saludar y felicitar a los docentes que, con mucho compromiso, se dedican a la enseñanza y a formar profesionales en nuestras universidades. No solo enseñan con sus conocimientos, sino también con su comportamiento ético y moral, dignos de paradigma de las generaciones venideras. Y a los docentes que aún creen que las universidades son para lucrarse, decirles que el papel educativo es una de las pocas profesiones que trascienden en las generaciones, y que necesitamos cuidar, porque las mejores muestras de una educación de calidad, las damos con el ejemplo. Un abrazo fraterno colegas, y sigamos por este camino tan sinuoso hasta encontrar el cambio deseado.
(*) Profesora Principal Facultad de Ciencias Sociales – UNHEVAL
