La seguridad ciudadana ha alcanzado un punto crítico en el país, detonando una serie de acciones gubernamentales y legislativas urgentes. El pasado jueves se convirtió en un día de intensa actividad con un paro de transportistas que evidenció la creciente preocupación ciudadana, una sesión clave del Consejo de Ministros, la activación de un nuevo Cuarto de Guerra del Ejecutivo y un debate crucial en el Pleno del Congreso, todo enfocado en abordar la ola de criminalidad que azota al país. La tasa de victimización, según el INEI, se ha incrementado en un 15% en el último año, intensificando la presión sobre las autoridades. El debate congresal culminó con la aprobación de un paquete de medidas, entre las que destaca una ley destinada a reformar profundamente la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior (Mininter), buscando así dar una respuesta contundente a la inseguridad.
Según la investigación publicada por El Comercio, la «Ley que establece medidas para la lucha efectiva contra la criminalidad a fin de garantizar la seguridad ciudadana» (que agrupa los proyectos 7567/2023-CR, 10044/2024, 10189/2024-CR y 10266/2024-CR) fue respaldada por 86 legisladores y exonerada de una segunda votación con el apoyo de 81 votos. La norma tendrá una vigencia de 180 días calendario a partir de su entrada en vigor.
La legislación aprobada busca modernizar la PNP, proveyéndola de mayores recursos y herramientas para combatir la delincuencia de manera efectiva. Se centra en optimizar los recursos públicos, agilizar los procesos operativos y priorizar la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. El texto legal subraya la importancia de una coordinación multisectorial y un enfoque en resultados medibles. Se busca, por lo tanto, una mayor eficiencia en la gestión de los recursos destinados a la lucha contra el crimen.
Entre las medidas concretas, la ley exonera al Mininter de ciertas normas presupuestales, permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión logística y presupuestal en beneficio de la PNP. Esta flexibilidad se considera crucial para enfrentar el estado de emergencia generado por la inseguridad ciudadana. Las modificaciones presupuestarias se enfocarán en el Programa Presupuestal 0030, denominado «Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana».
Además, se autoriza la intervención inmediata del Mininter, así como de los gobiernos regionales y locales, para la adquisición de bienes y servicios necesarios para acciones urgentes contra la inseguridad, sin los procesos administrativos habituales. Estas contrataciones estarán sujetas al control concurrente de la Contraloría General de la República, buscando garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos. Asimismo, se permitirá el incentivo económico para el personal policial que preste servicios de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y operaciones focalizadas de investigación, según lo estipulado en la Ley 32197. Para ello, el Mininter queda exonerado de cumplir el artículo 6 de la Ley de Presupuesto 2025, que restringe aumentos en sueldos y bonificaciones.
La ley también autoriza a los gobiernos regionales y locales a realizar transferencias financieras al Mininter para financiar productos, actividades y proyectos incluidos en el Programa Presupuestal 0030. Estas transferencias deben ser aprobadas mediante convenios y acuerdos de concejo municipal o regional, y publicadas en el Diario Oficial El Peruano. Finalmente, se establece un plazo de 90 días hábiles para que el Mininter y la PNP evalúen la situación actual y presenten una propuesta de reestructuración de ambas instituciones. Expertos señalan que la tasa de resolución de crímenes en el país apenas alcanza el 5%, lo que exige una revisión profunda de las estrategias de investigación.
