El congresista de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Lizarzaburu presentó el proyecto de ley que busca que los funcionarios que cometan delitos de corrupción sean acusados por el delito de traición a la patria. Asimismo, estos no podrán acogerse a beneficios penitenciarios.
De acuerdo a la propuesta, los actos previstos en los artículos 384, 387, 389, 393, entre otros del Código Penal, cometidos por los funcionarios públicos serán considerados delitos de traición a la patria en tres circunstancias.
Una de ellas es por hechos o actividades en un contexto de declaratoria de emergencia nacional o local, dentro de programas de apoyo social o asistencial, así como los cometidos en el contexto de programas de desarrollo económico e infraestructura destinada para la educación, salud o seguridad ciudadana.
“Los condenados por delitos de traición a la patria, en el contexto de la presente ley, no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por trabajo y la educación, la semilibertad y la liberación condicional”, se detalla en la propuesta.
En la argumentación se indica que los funcionarios del Estado- al cometer delitos de corrupción- no sólo quebrantan la ley, sino el compromiso social basado en la decisión que se expresan a través de las elecciones no tiene imposición ni obligatoriamente impuesta a una labor o actividad, sino que voluntariamente se sujeta a ella.
“Desde ese lugar viola el encargo y la confianza que la población le deposita, igualmente emana una deshonestidad inadecuada de los principios y mandatos de nuestra Constitución Política. Por ello consideramos que la corrupción como flagelo significa la transformación, artificio, perjuicio a los más fundamentales derechos humanos y debe ser comparado como un delito de traición a la patria”, se alega.
En parte del análisis costo-beneficio se indica que las autoridades podrán rendir cuentas al someterse En esa línea, se indica que actualmente existe disposiciones penales y administrativas que sancionan los delitos cometidos por los funcionarios públicos, entre ellos el de la corrupción, que no han sido suficientes para frenar este flagelo que afecta de manera directa a todos los ciudadanos.
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“Por eso es importante poner una sanción determinante y control a todos los funcionarios del Estado a través de penas graves como la cadena perpetua que persuadan la comisión de este delito y, de esta manera, se fortalezcan nuestras instituciones públicas”, se indica.
