El Poder Judicial ha aprobado el pedido de la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Lava Jato para constituirse como actor civil en el proceso contra el expresidente Martín Vizcarra. Esta decisión se relaciona con las investigaciones en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, en los que se acusa a Vizcarra de colusión y negociación incompatible.
La Procuraduría Ad Hoc solicita que Vizcarra y otros involucrados paguen solidariamente una suma de 30.664.035 soles como reparación civil por daños ocasionados al Estado. La Fiscalía está investigando el presunto pago de coimas a Vizcarra durante su mandato como gobernador regional de Moquegua.
Esta demanda ha enfrentado oposición por parte de los exdirectivos de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA (ICCGSA), aunque no presentaron argumentos en la audiencia. La jueza Soledad Barrueto resolvió no tomar en cuenta la oposición de estos exfuncionarios en la decisión.
Además, la Procuraduría ha solicitado una segunda reparación civil de más de 42 millones en un proceso relacionado, donde la Fiscalía busca una pena de 15 años contra el expresidente por presuntos sobornos en la adjudicación de obras.
Recientemente, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Vizcarra por la presunta comisión de delitos de negociación incompatible y nombramiento ilegal, en relación con la designación del procurador general del Estado, Daniel Soria.
Paralelamente, Vizcarra busca anular las inhabilitaciones de 10 y 5 años de la función pública impuestas por el Congreso por los casos Vacunagate y Obrainsa. Además, ha comparado a la presidenta Dina Boluarte con el director técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, criticando su negativa a renunciar a pesar de malas gestiones.
