La Procuraduría General del Estado de Perú ha solicitado el embargo de los bienes pertenecientes a Pedro Castillo, expresidente, y Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros. Esta acción se produce en el contexto de una investigación en curso por la Fiscalía, que acusa a ambos de los delitos de rebelión y conspiración contra el Estado, tras el golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022.
La solicitud de embargo de bienes fue presentada por Daniel Soria, procurador general del Estado, ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, presidido por Juan Carlos Checkley Soria. En el caso de Pedro Castillo, la Procuraduría ha solicitado el embargo de dos propiedades ubicadas en el caserío de Aliso, distrito de Anguía, en Chota, Cajamarca, así como otro inmueble rural en el caserío de Chugur y un lote en el distrito de Tacabamba.
En cuanto a Aníbal Torres, se ha solicitado el embargo de un departamento en San Isidro, valorado en 236 800 dólares, dos estacionamientos en el sótano del mismo inmueble, una camioneta Jeep Compass valorada en 20 000 dólares, y tres apartamentos junto con dos estacionamientos, ubicados en la urbanización Pando, en Cercado de Lima.
