En un giro inesperado, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha decidido apelar al Tribunal Constitucional para anular la denuncia constitucional que enfrenta por el caso conocido como Rolex. Esta denuncia, impulsada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, fue declarada procedente recientemente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Boluarte, quien inicialmente había desautorizado un hábeas corpus presentado en marzo por el abogado Marco Riveros, ha cambiado su postura y ahora respalda el recurso. No ratificó el desestimiento ante el Poder Judicial, y ahora, con el hábeas corpus activo en el Tribunal Constitucional, la mandataria ha acreditado a los abogados Ernesto Blume y Domingo García Belaunde para su defensa.
Según documentos a los que tuvo acceso La República, los letrados han manifestado que la denuncia constitucional confirma una supuesta persecución contra Boluarte, argumentando que las acciones del fiscal Villena son insostenibles según el artículo 117 de la Constitución.
El habeas corpus, además de buscar la anulación de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo impropio, cuestiona la legalidad de la denuncia, sugiriendo que la Constitución prohíbe tal acción contra un presidente en funciones. García Belaunde enfatizó que la Fiscalía ha actuado precipitadamente y que, aunque es viable una investigación preliminar, no se puede formalizar una denuncia mientras Boluarte esté en el cargo.
El Tribunal Constitucional aún tiene que programar una audiencia donde los abogados de Boluarte buscarán argumentar a fondo su caso.