Un nuevo proyecto de ley en el Congreso de Perú busca sancionar severamente a jueces y fiscales que liberen a presuntos criminales acusados de delitos graves como sicariato, extorsión, feminicidio, entre otros. La medida, impulsada por la congresista Katy Ugarte de Perú Libre, plantea introducir una «falta muy grave» para estos funcionarios judiciales, lo cual podría conducir a su destitución.
La ley propuesta responde a preocupaciones sobre la efectividad de las investigaciones del Ministerio Público y las decisiones del Poder Judicial, especialmente en casos de terrorismo, tráfico de drogas, corrupción, delitos ambientales, y violencia sexual. Actualmente, las sanciones por faltas graves pueden incluir suspensiones de hasta seis meses o la destitución completa del cargo.
El presidente del Poder Judicial, citado en los motivos del proyecto, expresó en marzo que los jueces y fiscales deben ser responsables de liberaciones irregulares, proponiendo incluso penas de inhabilitación a perpetuidad para los infractores. Esta declaración se da en un contexto de creciente desconfianza pública hacia estas instituciones, consideradas corruptas por el 85% de los ciudadanos según una encuesta de Datum.
Además, el proyecto surge en un momento de alta inseguridad ciudadana, con el presidente del Poder Judicial sugiriendo la posibilidad de clasificar a las bandas criminales como organizaciones terroristas y colaborar con las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad. Esta propuesta legislativa promete intensificar el debate sobre la justicia y la seguridad en Perú.
