La Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Pedro Castillo. La acusación se centra en la designación irregular de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro S.A., empresa estatal, a pesar de que no cumplía con los requisitos legales para ejercer dicho cargo.
Este caso, que toma como referencia la resolución suprema firmada por Castillo el 9 de enero de 2022, señala al exmandatario por los delitos de negociación incompatible y nombramiento ilegal, lo cual constituiría un agravio contra el Estado.
Daniel Salaverry, quien asumió brevemente la posición, renunció el 26 de enero del mismo año, argumentando que no deseaba que su nombramiento fuese motivo de desestabilización del gobierno de Castillo. Su renuncia llegó en un contexto de intensa polémica y crítica pública hacia la administración del expresidente.
La denuncia constitucional de la Fiscalía surge poco después de que el Tribunal Constitucional desestimara una demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Castillo, buscando su restitución en el cargo presidencial. El TC concluyó que no existían evidencias de amenaza o vulneración de derechos fundamentales que justificaran anular los procedimientos realizados en su proceso.
