El Poder Ejecutivo aprobó el incremento del sueldo de la presidenta Dina Boluarte a S/ 35,568 mensuales, según informaron fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De acuerdo con la cartera liderada por Raúl Pérez Reyes, la medida responde a una “metodología comparativa” que tomó en cuenta los salarios que perciben los mandatarios de al menos 12 países de América Latina, así como otros factores asociados al cargo presidencial.
Comparación regional y justificaciones oficiales
Según detalló el MEF, la actualización del salario presidencial busca “equiparar” la remuneración de la jefa de Estado peruana con los estándares regionales. La entidad afirmó que en la decisión también influyeron análisis de la coyuntura económica y el costo de vida actual. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha difundido públicamente el detalle de la metodología ni ha precisado los países exactos tomados como referencia, pese a los pedidos de transparencia formulados por diversos sectores.
Fuentes consultadas señalaron que la última actualización de la remuneración presidencial en Perú se produjo hace más de una década, lo que, según el Ejecutivo, hacía “necesaria” una revisión para mantener la competitividad del cargo y evitar “distorsiones salariales” frente a la región.
Reacciones políticas y críticas ciudadanas
El anuncio del incremento salarial ocurre en un contexto de fuerte desaprobación ciudadana a la gestión de Boluarte. Voces políticas y sindicales han expresado su rechazo, cuestionando que el aumento se concrete mientras persisten demandas sociales insatisfechas y el salario mínimo permanece congelado. El Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) declaró que la medida “evidencia que hay recursos para atender otros reclamos”, haciendo eco de la molestia de sectores que exigen mejoras laborales y salariales desde hace años.
Por su parte, economistas como Elmer Cuba señalaron que la presidenta, con apenas un 3% de aprobación en las encuestas, “no paga costo político” real por el aumento, dado el descrédito generalizado del sistema político nacional. Mientras tanto, en redes sociales y espacios públicos, ciudadanos cuestionan la falta de empatía de las autoridades ante la situación económica de millones de peruanos.
