El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, podría enfrentar una investigación por parte del Ministerio Público debido a la presentación de una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de extinción de dominio, lo que podría beneficiar a su hermana, Sara Gutiérrez, y al prófugo Vladimir Cerrón. Según expertos, esta acción podría constituir delitos de omisión, abuso de autoridad y patrocinio ilegal.
Gutiérrez, quien presentó la demanda a inicios de agosto, ha sido señalado por el exviceministro de Justicia, Gilmar Andía, y el exprocurador anticorrupción, Luis Vargas Valdivia, quienes sostienen que la fiscalía debería iniciar una investigación debido a la posible comisión de estos delitos. Además, el abogado constitucionalista Erick Urbina advirtió que Gutiérrez podría enfrentar un proceso en el Congreso por infracción a la Constitución.
Vargas Valdivia comentó que «la fiscalía está obligada a iniciar una investigación cuando toma conocimiento de un posible acto delictivo», refiriéndose a la omisión de Gutiérrez de revelar un conflicto de intereses en el caso, lo cual podría haber beneficiado a su hermana y a Cerrón. A su juicio, este conflicto debió ser reconocido y comunicado antes de presentar la demanda.
Por su parte, Andía sugirió que el defensor del Pueblo podría haber incurrido en patrocinio ilegal, ya que su acción podría interpretarse como un apoyo indirecto a los intereses de su hermana. «Se sanciona al funcionario que patrocina los intereses de un particular ante la administración de justicia», afirmó Andía, señalando que el Ministerio Público podría abrir una investigación preliminar basada en esta sospecha.
Asimismo, Andía destacó que podría haber una falta administrativa por el uso indebido de recursos públicos, dado que el equipo de la Defensoría del Pueblo habría sido utilizado para preparar la demanda, lo que constituiría una infracción grave según la ley del servicio civil.
Urbina, en tanto, subrayó que, si bien Gutiérrez tiene derecho a cuestionar la constitucionalidad de la ley, debería haberse inhibido de actuar en este caso específico debido al evidente conflicto de intereses. No obstante, Urbina aclaró que cualquier acusación constitucional contra Gutiérrez dependerá del Congreso, que debe calificar y votar la denuncia.
Dato:
El caso de Sara Gutiérrez, hermana del defensor del Pueblo, involucra un proceso de extinción de dominio relacionado con un vehículo incautado por presunto contrabando, en el que ella figura como representante legal de la empresa propietaria. A pesar de que Josué Gutiérrez ha negado cualquier vínculo con el caso de su hermana, la controversia sobre la demanda que presentó persiste, alimentando las sospechas de un posible conflicto de intereses.