El Poder Ejecutivo, bajo la presidencia de Dina Boluarte, ha generado controversia al presentar un proyecto de ley que busca introducir el delito de «terrorismo urbano». La propuesta, que pretende modificar el Código Penal, establece penas de hasta 15 años de prisión para aquellos que realicen protestas que, según el texto, interfieran con el libre tránsito, ocupen locales o afecten los servicios públicos.
El proyecto especifica que cualquier persona que, «mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación, impide el libre tránsito o interrumpe el funcionamiento de servicios públicos o proyectos autorizados, con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida de las autoridades, será sancionada con penas de prisión de entre 10 y 15 años».
Este tipo de medidas, que podrían impactar directamente en el derecho a la protesta, ha generado preocupación entre sectores de la sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos. Los críticos advierten que se estaría criminalizando la protesta legítima bajo el pretexto de combatir la inseguridad.
El Congreso de la República ha recibido la propuesta del Ejecutivo para debatirla en el Pleno, tras ser aprobada por el Consejo de Ministros. El documento remitido incluye la modificación de varios artículos del Código Penal, en particular los artículos 108-C, 108-D, 200 y la incorporación del artículo 315-O.
Discusión en el Congreso y críticas al proyecto
El Pleno del Congreso discutirá el 3 de octubre diversos proyectos de ley que buscan incluir el delito de «terrorismo urbano» en el Código Penal, bajo el argumento de enfrentar la creciente inseguridad ciudadana. Sin embargo, expertos y analistas políticos consideran que esta medida responde más a motivaciones populistas que a una estrategia efectiva para mejorar la seguridad en el país.
Varios de los proyectos de ley relacionados con este tema han sido presentados en respuesta a la creciente presión por parte de la población y el aumento de actos violentos en algunas regiones del país. No obstante, se cuestiona si esta legislación realmente contribuirá a la paz social o si, por el contrario, agravará la situación al limitar las libertades democráticas.
Iniciativa de procesar a miembros de las fuerzas del orden en tribunales militares
En paralelo a este proyecto de ley, el gobierno de Dina Boluarte busca implementar un cambio en las declaratorias de estado de emergencia, con el objetivo de que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas acusados de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones durante dichas situaciones sean procesados en tribunales militares. Este cambio ha suscitado nuevas preocupaciones sobre la impunidad y el control civil sobre las fuerzas del orden.
Críticas desde el Congreso: «Solo piensan en Lima»
La congresista Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, se pronunció en contra del proyecto, calificándolo de ineficaz para la seguridad ciudadana y señalando que la medida solo parece centrarse en la capital. «Están pensando solo en Lima. Este es un método de intervención militar de aquellos que quieren llegar al poder. No sirve para la seguridad ciudadana ni para combatir el crimen organizado», expresó.
La discusión sobre el proyecto sigue generando debate, especialmente en un contexto donde la inseguridad ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales son temas cruciales para el país.
