Polémica decisión judicial: Fiscal archiva denuncia de periodista agredido por alcalde

Jonel Rosales denuncia agresión y robo de equipo por parte del alcalde Edgar Céspedes

La Segunda Fiscalía Provincial de Huamalíes ha archivado la denuncia del periodista Jonel Rosales Caballero contra el alcalde Edgar Céspedes por presunta agresión y robo de equipo de trabajo. El fiscal Bagner Wilson Narciso Gómez argumenta que tomar fotografías sin consentimiento atenta contra la intimidad personal, desatando polémica sobre la libertad de prensa.

En un incidente que pone de manifiesto la tensa relación entre autoridades y medios de comunicación, el periodista Jonel Rosales Caballero denunció haber sido agredido por el alcalde de Huamalíes, Edgar Céspedes, mientras realizaba su labor informativa en la sala de regidores del municipio. Según el relato de Rosales, el alcalde lo condujo a una zona sin testigos donde lo golpeó y le arrebató su grabadora de audio.

«Empecé a retirarme intentando grabar y me empieza a golpear en esa zona donde ya no ven el resto de las personas», declaró Rosales. «Lo que hago es huir de esa situación porque me está agrediendo, escapo hacia un lugar público donde haya más testigos».

La controversia se intensificó cuando la Fiscalía decidió archivar el caso. El fiscal Narciso Gómez argumentó que tomar fotografías a los regidores en un ambiente público «atenta contra la intimidad personal y familiar» y constituye un «abuso de derecho por parte del periodismo». Además, sostuvo que se debe solicitar consentimiento para tomar fotografías, incluso a personajes públicos en espacios oficiales.

Esta decisión ha generado preocupación en la comunidad periodística. «Es muy grave y atentatorio contra el derecho de la libertad de expresión», afirmó Rosales, quien lamenta no poder apelar la resolución por falta de pruebas y recursos.

Dato:

El caso pone de relieve la necesidad de clarificar los límites entre el derecho a la información y la privacidad de los funcionarios públicos. Mientras tanto, la desaparición de la grabadora de Rosales y la falta de consecuencias para el presunto agresor dejan un precedente inquietante para la libertad de prensa en la región.