Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva a gobernador Juan Alvarado

Y los tres investigados por la compra de laptops con perjuicio al Estado superior a los 23 millones de soles

El juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Elmer Contreras Campos, dictó 18 meses de prisión preventiva para el gobernador regional de Huánuco, Juan Alvarado Cornelio y otros acusados del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en la compra de 7995 laptops en el Gobierno Regional.

Luego de varios días y más de 46 horas de audiencia judicial en la que el representante del Ministerio Público, Virgilio Carrión, sustentó el pedido de prisión preventiva y, también, luego de escuchar a la defensa técnica de cada uno de los acusados y el debate posterior, el magistrado en una audiencia maratónica de más de 6 horas ininterrumpidas leyó la resolución n.°14-2022 en la que declaró fundado el pedido del fiscal.

Para el magistrado hay peligro de fuga, y su libertad representa un obstáculo para la investigación que se le sigue por la presunta compra direccionada de los equipos de informática.

Juan Alvarado: “Prisión preventiva no solo me perjudicaría a mí, sino a toda la población”

Asimismo, basándose en las declaraciones de Darwin Campos, el juez encontró que Alvarado buscaría “influir” en los otros investigados para que no declaren en su contra.

Por otra parte, precisó que Juan Alvarado sí tiene arraigo domiciliario. Sin embargo, no tiene un arraigo familiar, pues sus hijos son mayores de edad y está separado  de su esposa.

En cuanto al arraigo laboral, el juez consideró que la autoridad regional utilizó el cargo para cometer los actos delictivos, por lo que tampoco es un arraigo “de calidad”.

Junto a Alvarado están procesados su exgerenta de Desarrollo Social, Luz Rodríguez Ramos, el exasistente de sistemas, Darwin Campos Soto y el empresario Luis Bedregal Gonzales, para quienes también se dictó la prisión por 18 meses.  Al finalizar la audiencia los defensores de los acusados indicaron que apelarán la resolución en el plazo pertinente.

Alvarado estuvo presente durante la lectura de la resolución, en la que se validaron los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción para ordenar que el gobernador sea recluido en el penal mientras se desarrollen las investigaciones por este caso en el que Fiscalía sostiene que se habría direccionado la compra de laptops para favorecer a la empresa Pomme Corporativo SRL.

Por este caso, Alvarado y los coacusados podrían recibir una pena de 12 años de prisión por el delito de colusión agravada. La compra de las laptops habría generado un perjuicio económico de más de 23 millones de soles según la Contraloría.

Durante la audiencia de prisión preventiva, el magistrado desestimó los argumentos que presentaron las defensas de los imputados y tras seis días de debate se concluyó con la lectura de la resolución.

Al final de la audiencia, el juez Contreras sostuvo que el caso es complejo por lo que se necesita el plazo máximo (para las investigaciones) que prevé la ley, para que se esclarezcan los hechos. Por los cuales, en aplicación del artículo 268 del Código Procesal Penal, el despacho resolvió  declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses en contra de Juan Alvarado Cornelio (gobernador de Huánuco), Luz Rodríguez Ramos (exgerente de Desarrollo Social), Darwin Campos Soto (exasistente de Sistemas) y Luis Bedregal Gonzales por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio del Estado peruano, Gobierno Regional de Huánuco”.

Se desconoce su ubicación 

A pesar de que Alvarado en reiteradas oportunidades había manifestado ante los medios de comunicación que de dictarse la prisión preventiva se entregaría, hasta el cierre de esta nota se desconocía su paradero.   

Tras esta orden de prisión preventiva contra Alvarado, quien lo sucederá en el cargo será el vicegobernador Erasmo Fernández, funcionario que denunció la compra irregular de las computadoras.