El Poder Judicial (PJ) de Perú, bajo la dirección de Javier Arévalo, ha implementado una serie de cambios significativos en la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, la cual estaba a cargo de la doctora Miluska Cano y llevaba adelante casos de alta sensibilidad, incluyendo los juicios contra el exdictador Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos en los casos de Pativilca y la Cantuta.
Según el anuncio publicado en el diario El Peruano, la decisión incluye el cierre de la sala en Lima y su posterior reconversión y reubicación como Sala Penal de Apelaciones Transitoria en el distrito y provincia de Puno. Esta modificación también implica la redistribución de toda su carga procesal a salas correspondientes dentro del mismo distrito y competencia territorial.
El presidente del PJ justificó estas acciones citando restricciones presupuestales y la necesidad de una distribución más eficiente de recursos. Sin embargo, esta medida ha suscitado preocupación entre los defensores de los derechos humanos y las víctimas de los casos afectados, quienes temen que estos cambios puedan dilatar o complicar el acceso a la justicia.
Estos ajustes se producen en un momento delicado, poco después de la elección de Alberto Borea como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ha incrementado la atención sobre la justicia y los derechos humanos en Perú.
