Picón faltó a audiencia por pagos ilícitos

De los S/86.9 millones que de forma ilícita pagó la gestión de Luis Picón a empresas por obras inconclusas, S/2.8 millones fueron retenidos durante varios días por 4 empresas que demoraron en devolver el dinero al Gobierno Regional, causando un grave perjuicio económico a la entidad, reveló el fiscal anticorrupción Marco Espíritu.
Ayer sustentó su acusación ante el juez anticorrupción Elmer Contreras, quien realizó la audiencia de control de acusación en la denuncia por el delito de peculado doloso agravado que pesa sobre la cabeza de Picón, 6 exgerentes y 4 exfuncionarios que a fines de 2012 e inicios de 2013 pagaron indebidamente S/86 914 503.79 a contratistas como si las obras estarían al 100 % de ejecución, cuando en realidad estaban paralizadas e inconclusas.
Por este caso el fiscal pide 10 años de cárcel e inhabilitación para Picón y compañía.
A la audiencia se presentaron los procesados: el extesorero, Napoleón Carlos, alcalde de Lauricocha, y el exgerente de Recursos Naturales, Eloy Alzamora, alcalde de Independencia en Ancash. También concurrieron los abogados de Abel Terry, Oscar Colmenares, Esteban Pavletich, Lizardo Lazo y Miguel Espinoza.
El abogado Fernando Corcino de Luis Picón y Fernán Panduro pidió la reprogramación de la audiencia por enfermedad; mientras que el letrado Hernán Cajusol, abogado de Francisco Yalico, faltó a la audiencia. El juez denegó el pedido; dispuso que el abogado de la Defensa Pública, Edwin Sandoval, asuma la defensa de Picón, Panduro, Guzmán, Yalico y Carlos.

S/2.8 millones
En diciembre de 2012 Picón y sus gerentes habilitaron S/124 567 301.33 para las obras y a inicios de 2013 pagaron ilícitamente S/86.9 millones a los contratistas sin las valorizaciones de avance de obra que lo justifique, ni conformidad de servicio.
El fiscal señaló que en muchos casos el dinero no salió de la custodia del Gorehco porque los cheques de la cuenta corriente fueron depositados el mismo día a la cuenta de fiel cumplimiento del Gorehco en el Banco de la Nación. Pero en otros casos el pago ilícito sí salió del control del Estado favoreciendo a los contratistas que se apropiaron de S/2 879 097.73.
En la obra de la reconstrucción de la I.E. n.° 32483 Ricardo Palma (Tingo María) se pagó S/984 610 y la contratista después de 48 días devolvió el dinero. En la obra de mejoramiento de la I.E. n.° 32417 de Singa se pagó S/395 466.70 y la empresa lo devolvió 2 días después. En la ampliación y mejoramiento de la I.E. Guzmán Seráfico Soto de Calamarca se pagó S/237 249.81 y la contratista después de 13 días lo devolvió. En el proyecto de mejoramiento de la capacidad resolutiva del hospital HV se pagó S/1 261 199.25 y la contratista después de 16 días lo devolvió.
El fiscal reiteró que pese a que los acusados, como funcionarios públicos, tenían la obligación de cautelar los recursos permitieron que terceros se apropien del dinero público.
Después del acuerdo de directorio y la resolución de Picón el gerente Panduro emitió memorandos autorizando el trámite, Colmenares emitió informes elevando propuesta de gasto de obras y Guzmán expidió memorandos autorizando indebidamente el compromiso y devengado. Se hicieron los comprobantes y los cheques en complicidad con el subgerente de Liquidación que emitió informes solicitando el pago sin las valorizaciones. “Con esas conductas se causó un grave perjuicio económico al Gorehco porque se dispuso S/2.8 millones a favor de contratistas lesionando el bien jurídico protegido”, acusó el fiscal.

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