El expresidente del Perú, Pedro Castillo, actualmente en prisión preventiva, ha recurrido a una ley aprobada por el Congreso para intentar archivar la investigación en su contra por el delito de organización criminal. «Vamos a solicitar la aplicación de la norma más favorable al acusado para que se archive el caso», indicó su abogado, Luis Walter Medrano, en un documento dirigido al Poder Judicial. Según Víctor Reyes Parra para el Comercio.
La ley en cuestión es la Ley 32108, aprobada en agosto de 2024 y promulgada por el gobierno de Dina Boluarte, que modificó la normativa contra el crimen organizado, limitando los delitos que pueden ser atribuidos a una red delictiva. La defensa de Castillo sostiene que los cargos que enfrenta, específicamente colusión simple y tráfico de influencias agravado, no encajan en la definición de organización criminal establecida por la nueva ley, por lo que su caso debería ser archivado.
La estrategia legal de Pedro Castillo
El recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por la defensa del expresidente fue recibido por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, quien ha programado una audiencia para el próximo 12 de febrero.
Castillo es investigado por supuestamente haber dirigido una organización criminal dentro del Estado, con presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Caso Puente Tarata), el Ministerio de Vivienda (Caso Anguía) y Petro-Perú (Caso Biodiesel). Junto a él, también son investigados los exministros Juan Silva (prófugo de la justicia) y Geiner Alvarado (cumpliendo prisión preventiva).
En febrero de 2023, el Congreso de la República aprobó una acusación constitucional contra Castillo, permitiendo que se le procese por organización criminal. Sin embargo, con la aprobación de la Ley 32108, la definición de este delito cambió, estableciendo que una organización criminal debe cometer «delitos graves sancionados con penas mayores a seis años de prisión».
La estrategia de la defensa se basa en este cambio, argumentando que los delitos imputados a Castillo, colusión simple (penas de 3 a 6 años) y tráfico de influencias agravado (penas de 4 a 8 años), no cumplen con los requisitos de la ley, por lo que la acusación por organización criminal debería ser desestimada.
La nueva ley que podría beneficiarlo
Ante las críticas que surgieron tras la promulgación de la Ley 32108, el Congreso aprobó una nueva norma en octubre de 2024, la Ley 32138, que restableció la tipificación del delito de organización criminal, incluyendo delitos como extorsión, secuestro y sicariato, así como aquellos con penas mínimas de cinco años de prisión.
Dado que esta última norma dejó sin efecto la Ley 32108, la Fiscalía sostiene que el pedido de Castillo no tiene fundamento. Sin embargo, la defensa del expresidente argumenta que debe aplicarse «la norma más favorable al acusado», principio reconocido en el derecho penal.
«Atendiendo a que en el presente caso, la pena mínima de los delitos imputados al investigado José Pedro Castillo Terrones no supera los seis años, no se configura el delito de organización criminal; debiendo declararse fundada la excepción de improcedencia de acción», señala el documento presentado por su abogado.
¿Tiene posibilidades de éxito su pedido?
Expertos en derecho penal han analizado el recurso presentado por Castillo y coinciden en que tiene pocas probabilidades de prosperar.
El penalista Miguel Reyes indicó que la defensa parece haber planteado mal su argumento, ya que el delito de tráfico de influencias agravado tiene una pena máxima de ocho años, lo que encajaría en la nueva definición de crimen organizado. «No le alcanza, su defensa no ha considerado que la pena máxima del tráfico de influencias agravado es superior a seis años», comentó.
Por su parte, el exviceministro de Justicia, Gilmar Andía, señaló que el pedido será rechazado porque la Ley 32108 ya fue derogada en octubre de 2024. «Su solicitud está mal planteada. La ley intermedia ya está derogada, por lo que no se puede aplicar», explicó.
El juez Checkley también podría rechazar el recurso invocando tratados internacionales sobre crimen organizado y corrupción, como la Convención de Palermo, que establece principios para la lucha contra organizaciones criminales.
Impacto en el proceso judicial de Pedro Castillo
Si el juez aceptara el pedido de la defensa de Castillo, el delito de organización criminal sería archivado, pero el expresidente aún enfrentaría cargos por tráfico de influencias y colusión simple. En este escenario, la condena máxima que podría recibir sería de hasta 14 años de prisión.
Sin embargo, eliminar la acusación por organización criminal tendría consecuencias en la duración del proceso judicial. Actualmente, el caso se encuentra en investigación preparatoria, que tiene un plazo de 36 meses debido a que se trata de un caso de crimen organizado. Si el delito de organización criminal es archivado, el plazo de investigación se reduciría a 16 meses y la prisión preventiva del expresidente podría quedar sin efecto.
Aun así, Pedro Castillo continuaría en prisión preventiva por el delito de rebelión y conspiración, relacionado con su intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, por el cual la Fiscalía ha solicitado 34 años de cárcel.
La paradoja del Congreso y sus propias leyes
El intento de Pedro Castillo de utilizar una ley aprobada por el Congreso que lo destituyó y encarceló refleja una contradicción en el actuar del Legislativo. Según el exviceministro Gilmar Andía, esto evidencia que el Congreso aprueba leyes sin prever sus consecuencias.
«En su afán de protegerse a sí mismos, terminan beneficiando a figuras como Pedro Castillo y Martín Vizcarra. En lugar de legislar con visión de país, solo miran sus propios intereses», criticó.
Este caso también plantea dudas sobre la forma en que el Congreso aprueba leyes que terminan beneficiando a personajes a los que intentó sancionar. De momento, la última palabra la tendrá el juez Juan Carlos Checkley, quien decidirá en las próximas semanas si el expresidente sigue siendo investigado por crimen organizado o si su caso toma otro rumbo.
