La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, anunció una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras la acusación que esta última presentó contra once congresistas miembros de la Comisión de Defensa Nacional. Según la Fiscalía, los parlamentarios habrían favorecido a sus propios intereses al aprobar una norma que les permite recibir simultáneamente su sueldo como legisladores y una pensión por sus años de servicio en las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú (PNP).
En declaraciones a Canal N, Juárez rechazó rotundamente las acusaciones de la Fiscalía y defendió el derecho de los parlamentarios a emitir su voto libremente, protegido por la Constitución. “Creemos que está yendo absolutamente en contra e infringiendo la Constitución Política de Perú. Creemos que ella tiene por lo menos que haber revisado el artículo 93 de nuestra Constitución, la inviolabilidad que tenemos sobre nuestro voto,” afirmó.
La denuncia constitucional contra los congresistas: contexto y detalles
La denuncia presentada por la fiscal Delia Espinoza apunta a congresistas como José Williams Zapata, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín, quienes habrían influido directamente en la aprobación de una norma que los beneficia económicamente. Esta permite que parlamentarios, miembros de las Fuerzas Armadas y la PNP, reciban un doble ingreso: su remuneración como congresistas y una pensión por sus años de servicio en estas instituciones.
La Fiscalía considera que este acto podría constituir el delito de negociación incompatible, ya que los involucrados habrían legislado en favor de intereses propios. Sin embargo, los congresistas implicados argumentan que la medida tiene respaldo legal, incluyendo una sentencia del Tribunal Constitucional que permite la percepción de dos ingresos en determinadas condiciones.
Patricia Juárez defiende a los parlamentarios y ataca a la Fiscalía
Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, fue una de las principales voces en rechazar la denuncia constitucional. En su intervención, sostuvo que la acusación es un despropósito y que vulnera la inviolabilidad del voto parlamentario, un principio consagrado en el artículo 93 de la Constitución.
“Los congresistas tenemos el artículo 93 de la Constitución que protege nuestra libertad a votar y nuestro derecho a decidir de la forma que consideremos adecuada, en beneficio de algún caso en particular o del país. Esto es un manejo inadecuado de la Fiscalía, que sigue persiguiendo a políticos,” manifestó la parlamentaria.
Asimismo, Juárez cuestionó las intenciones de la fiscal de la Nación y señaló que existe un ánimo de confrontación entre el Ministerio Público y el Congreso. “Yo no amenazo a nadie, pero esta es una infracción flagrante a la Constitución. La señora fiscal debería reevaluar lo que ha hecho y desistir de esta denuncia constitucional tan absurda,” añadió.
Congresistas y la polémica del doble ingreso
Uno de los puntos más polémicos de este caso es la norma que permitió a los congresistas percibir hasta S/34.500 al mes entre su sueldo y pensiones. Según IDL-Reporteros, la medida fue impulsada inicialmente por la excongresista María del Carmen Alva, pero luego se le agregaron precisiones que ampliaron los beneficios para los parlamentarios de las Fuerzas Armadas y la PNP.
Patricia Juárez defendió esta norma argumentando que no es exclusiva de los militares o policías, sino que aplica a cualquier trabajador que cumpla con los requisitos establecidos por ley. Sin embargo, sectores críticos consideran que la aprobación de esta medida es un acto de privilegio y un abuso del poder legislativo.
La respuesta del Congreso: enfrentamiento de poderes
El anuncio de Patricia Juárez de presentar una denuncia constitucional contra Delia Espinoza se enmarca en un contexto de tensiones crecientes entre el Congreso y el Ministerio Público. En octubre de 2024, congresistas como José Cueto, Jorge Montoya y Alfredo Azurín ya habían acusado a la fiscal de la Nación y a otros fiscales supremos por presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, relacionados con la publicación de lineamientos para la conducción de investigaciones preliminares de la PNP.
Este nuevo enfrentamiento refleja un panorama de conflictividad entre los poderes del Estado, en el cual cada parte acusa a la otra de excederse en sus competencias.
Los argumentos de la Fiscalía y el Congreso
Desde el punto de vista de la Fiscalía, los congresistas implicados habrían utilizado su posición para legislar en favor de beneficios propios, lo que podría constituir un delito de negociación incompatible. Sin embargo, el Congreso argumenta que la inviolabilidad del voto parlamentario impide que los legisladores sean procesados por las decisiones que toman en el ejercicio de sus funciones.
“No veo ninguna razón para que se haya interpuesto esta denuncia. Esto tiene que ver con una prerrogativa de un congresista, que es su derecho al voto y la inviolabilidad del voto,” sostuvo Patricia Juárez.
Por su parte, especialistas legales advierten que la inviolabilidad del voto no debería ser utilizada como un escudo para justificar acciones que beneficien intereses personales. Según algunos analistas, el caso plantea un dilema jurídico y ético sobre los límites de las prerrogativas parlamentarias y la responsabilidad de los congresistas en el ejercicio de su función.
Impacto político y percepción ciudadana
El enfrentamiento entre el Congreso y la Fiscalía ha generado un intenso debate público. Por un lado, los defensores del Parlamento argumentan que el Ministerio Público está excediéndose en sus atribuciones, lo que podría ser interpretado como una intromisión en las prerrogativas de los legisladores. Por otro lado, críticos del Congreso consideran que las acciones de los parlamentarios reflejan una falta de transparencia y un uso indebido de su poder.
Este caso también pone en evidencia la desconfianza generalizada hacia las instituciones públicas en Perú. Según encuestas recientes, tanto el Congreso como el Ministerio Público enfrentan bajos niveles de aprobación ciudadana, lo que resalta la necesidad de fortalecer la institucionalidad y promover la transparencia en la gestión pública.
Conclusión: ¿Escalada política o búsqueda de justicia?
El enfrentamiento entre Patricia Juárez y la fiscal de la Nación es un nuevo capítulo en la creciente conflictividad entre el Congreso y otras instituciones del Estado. Más allá de los aspectos jurídicos, el caso refleja las tensiones políticas que han marcado el panorama nacional en los últimos años.
Mientras el Congreso defiende la inviolabilidad del voto parlamentario, la Fiscalía insiste en que ningún funcionario público está por encima de la ley. El desenlace de este caso será crucial para definir los límites de las competencias entre ambos poderes y establecer si existe un uso indebido de las herramientas legales con fines políticos.
