Trabajan en plan de acción de prevención de violencia
La Defensora del Pueblo de Huánuco, Lizbeth Yllanez, indicó que los padres de las niñas que fueron víctimas de una violación colectiva, estarían negando el permiso para que sus hijas pasen por medicina legal. Recordemos que la directora del colegio Santa Rita Sur de Chaglla, denunció el abuso.
“Desconocemos las razones por las que los padres están rehusando a que sus hijas pasen por medicina legal, en este caso por la Cámara Gesell. Pero esto es una tarea que le corresponde atender al Ministerio Público con mucho cuidado en el marco del principio del interés superior del niño, en el marco de debida diligencia que este caso requiere”, declaró Lizbeth Yllanez.
Precisó que tomó conocimiento de esto gracias a una comunicación telefónica que sostuvo con los fiscales del área Penal y de Familia, en el cumplimiento de sus funciones. Como se sabe, se encuentran en el proceso de investigación para determinar los hechos, teniendo ya identificados a los autores materiales, un adulto de 43 años y al menos 6 menores de edad.
Afirmó que la fiscalía de Familia está brindando un sistema de protección integral a los menores.
La defensora del pueblo recalcó que no se le puede obligar a los menores que pasen por la Cámara Gesell. Sin embargo, “es necesario que el Ministerio Público realice todas las diligencias posibles para determinar a los responsables”. Asimismo, conseguir el material probatorio para sancionarlos.
Señaló también que la Defensoría del Pueblo está en constante seguimiento del sector educación, que a través de la UGEL de Pachitea, viene desarrollando un plan de atención en el que se ha incluido acciones de prevención de violencia.
Yllanes lamentó que el Perú no se enfoque en la prevención del delito y que las adolescentes y niñas son las más violentadas.
No obstante, sostuvo que ha incidido a las diversas entidades (Ministerio Público, Policía y otras) que eviten la revictimización. A fin de evitar daños en las víctimas.
En cuanto a los menores involucrados en el abuso a las escolares, Lizbeth Yllanez señaló que el fiscal de familia está dando una atención de protección de acuerdo a lo que la norma señala.
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Mientras que en el caso de la directora de la institución, quien fue la que denunció este terrible caso de abuso sexual, indicó que fue trasladada a otro centro de trabajo por seguridad, puesto que venía recibiendo amenazas.
“Si algún docente es testigo de este tipo de hechos, está en la obligación de denunciar, comunicar, mas no ser quien interrogue a las víctimas, asimismo, la defensoría está al pendiente de estos hechos y prestos a realizar su labor que les corresponde”, finalizó.
