Ordenan nuevo peritaje para dar recursos a Llicua

La Sala Civil de la Corte Suprema de la República ha emitido una resolución que ordena la elaboración de un nuevo peritaje para la determinación del monto de las transferencias del Foncomún que deberá efectuar la Municipalidad de Amarilis en favor de la municipalidad del centro poblado de Llicua, aseguró Marco Gutiérrez Baldeón, alcalde del centro poblado. Considera que la sentencia de la Corte Suprema es un triunfo de la población, que espera del municipio amarilense que cumpla transferir los fondos a un pueblo olvidado, que tiene 24 urbanizaciones, 21 asentamientos humanos y cerca de 33 000 habitantes, que no reciben la atención con proyectos y servicios a pesar de que representa a un importante grupo de entre los más de 80 000 habitantes del distrito.
Gutiérrez afirmó que la resolución judicial se produce como consecuencia que la Municipalidad de Amarilis solicitó la nulidad de la Acción de Cumplimiento que emitió el Segundo Juzgado Civil de Huánuco mediante la cual ordenó el pago de S/108 017.30 mensuales, además del pago de una deuda acumulada de S/10 723 584 por el periodo 2004-2012.
Indicó que en los siguientes días el juez Jean Agurto notificará al perito acreditado ante la Corte Superior de Justicia, para que en plazo perentorio realice el informe técnico que determine el monto a ser transferido y que deberá tener como referencia desde el año 2004 y actualizado hasta el presente año.
El alcalde de Llicua indicó que el perito especialista en presupuestos municipales tomará en cuenta diversos factores para estimar el monto de la transferencia, como son: población, área del centro poblado, población por estratos sociales incluidos los que se encuentran en condición de pobreza y extrema pobreza, ingresos e impuestos municipales e inversiones efectuadas por la Municipalidad en el centro poblado de Llicua, problemas y necesidades que afectan a la población, entre otros.
El perito será notificado para que en el plazo de 15 días hábiles determine los montos a ser transferidos.
Asimismo, indicó que con esta resolución de la Corte Suprema de Justicia se pone fin a las medidas dilatorias de Robinson Aguirre para no pagar ni transferir los recursos ordenados en la Acción de Cumplimiento emitida el año 2014.
La población reclama que le atienda principalmente en seguridad ciudadana, pistas y veredas, servicio de alcantarillado y alumbrado público.
La municipalidad por su parte debe presentar además un cronograma del plan de trabajo.