Orden de desalojo pone en riesgo documentos históricos del Archivo General de la Nación

La incertidumbre rodea al Archivo General de la Nación (AGN), que debe desalojar hoy, 31 de enero, su sede en el sótano del Palacio de Justicia sin contar con un destino seguro para sus documentos históricos. Fuentes de Infobae Perú afirman que la reciente destitución de Nicolás Díaz Sánchez como jefe del AGN responde a presiones del Ministerio de Cultura (Mincul) para acelerar el retiro del archivo, a pesar de no contar con una infraestructura idónea para preservar documentos de más de 200 años de antigüedad.

Un ultimátum sin solución clara

La orden de desalojo fue emitida el 30 de octubre de 2024 por el 29° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo del juez Jorge Abdon Gonzáles Broncano. En la resolución, se otorga como plazo máximo hasta hoy para entregar el espacio ocupado por el AGN, que comprende 2,074 m² en el primer piso y 3,041 m² en el sótano del Palacio de Justicia.

La crisis se profundizó con la remoción de Nicolás Díaz, quien asumió la jefatura del AGN el 4 de octubre de 2024, apenas días antes de la notificación judicial. Su predecesor, Ricardo Moreau, había contratado un almacén industrial en el Callao para trasladar los archivos y cumplir con el desalojo. Sin embargo, Díaz Sánchez revirtió esta medida y anuló el contrato con el Consorcio Transel, empresa encargada del traslado.

En declaraciones a Infobae Perú antes de su salida, Díaz Sánchez explicó que su plan era negociar con el Poder Judicial para obtener más tiempo y evitar el traslado forzoso. «Nos interesa que esto pueda retrasarse porque exponer estos documentos a constantes movimientos los pone en riesgo. Si hay que salir, debe ser a un espacio adecuado, con identificación y control de los documentos», señaló el exfuncionario.

El proyecto para una sede permanente en Pueblo Libre, que garantizaría la conservación del archivo, ha estado paralizado por casi 20 años. A pesar de una reciente transferencia de S/ 50 millones, la obra sigue sin avances y el presupuesto total asciende a S/ 435 millones.

Acuerdo a espaldas del AGN

Mientras Díaz Sánchez intentaba negociar una prórroga, el 17 de enero de 2025, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, sostuvieron una reunión privada sin su conocimiento. En dicho encuentro, al que Infobae Perú tuvo acceso, el Mincul admitió que el AGN no cuenta con una sede alternativa, pero sugirió un desalojo progresivo.

No obstante, la presidenta del Poder Judicial y su equipo insistieron en que ya se podía ejecutar un desalojo parcial de una «zona administrativa» de 2,000 m². Finalmente, el ministro Valencia aceptó que la propuesta era viable.

La alternativa ofrecida fue trasladar los documentos al Museo de la Nación, actual sede del Mincul. Sin embargo, especialistas advierten que estos espacios no cumplen con los estándares para la conservación de documentos históricos.

Espacios inadecuados y falta de condiciones

Fuentes de Infobae Perú detallaron que las opciones de almacenamiento presentadas al AGN incluían un estacionamiento y la Sala Kuélap del Mincul, ambos rechazados por no ser adecuados. «Si habláramos de papeles comunes, podrían servir, pero no para documentos históricos», señalaron expertos consultados.

Además, en la reunión del 17 de enero, se afirmó que el desalojo parcial permitiría demostrar la «voluntad política» del AGN para abandonar el Palacio de Justicia. Sin embargo, diversas fuentes indican que las áreas identificadas como «administrativas» en realidad funcionan como depósitos de documentos, talleres de restauración y salas de consulta pública.

Un grupo de exjefes del AGN, incluyendo a Graciela Rengifo, quien ha asumido nuevamente la jefatura, firmó en mayo de 2024 una carta dirigida al entonces presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, solicitando una prórroga para que la mudanza se haga directamente a la sede de Pueblo Libre en tres años.

Destitución en medio de disputas internas

El cese de Nicolás Díaz Sánchez se enmarca en un contexto de conflictos dentro del AGN. Según fuentes de Infobae Perú, la destitución estaría vinculada a la salida de al menos dos altos funcionarios investigados por corrupción.

Uno de los casos más relevantes es el de Rubén Cayanchi Gómez, quien ocupó la jefatura de la Oficina de Administración del AGN entre octubre de 2024 y enero de 2025. Se le investiga por presunta colusión con defraudación al Estado y negociación incompatible.

También figura Fredy Orlando Arbildo Meléndez, exjefe de la Unidad Funcional de Abastecimiento y Control Patrimonial, con cargos similares. Aunque ambos fueron designados en la gestión de Díaz Sánchez, fuentes cercanas afirman que los nombramientos fueron una orden directa del Mincul.

Las destituciones generaron una ola de renuncias dentro del AGN. Tres altos funcionarios—José Luis Abanto Arrelucea, José Antonio Reyna Ferreyros y Emmanuel Antonio Sheen Merino—presentaron su dimisión en protesta por la remoción de Díaz Sánchez.

Silencio del Ministerio de Cultura

Pese a la controversia, el Mincul ha evitado pronunciarse sobre la destitución de Díaz Sánchez y la viabilidad de los espacios propuestos para albergar los documentos históricos.

La jefa del AGN, Graciela Rengifo, confirmó que está al tanto de la situación, pero evitó profundizar en el tema. «Todo lo que es documentos y gestión, ya he tomado conocimiento», declaró brevemente a Infobae Perú.

El futuro del Archivo General de la Nación sigue en el aire. Con el plazo de desalojo venciendo hoy y sin un espacio adecuado para trasladar los documentos, el riesgo de que valiosa documentación histórica quede expuesta a daños irreparables es cada vez más alto.