El expresidente peruano Ollanta Humala, junto a su esposa Nadine Heredia, enfrenta un proceso judicial crucial en su carrera política, acusado de recibir financiamiento ilegal de Odebrecht para sus campañas de 2006 y 2011. Este juicio, iniciado en 2022 como parte del caso Lava Jato, representa un momento significativo en la historia política y judicial de Perú, al ser el primero contra un expresidente en relación con este vasto escándalo de corrupción que afectó a varios países de América Latina. Esta semana, Humala declarará ante el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional en audiencias presenciales, donde también serán interrogados otros involucrados, incluyendo su cuñada Rocío Calderón.
Las audiencias, que se realizarán el martes y miércoles en la sede judicial Carlos Zavala, buscan esclarecer la participación de Humala en la supuesta recepción de fondos de Odebrecht, una empresa que admitió sobornar a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014 para obtener contratos de obras públicas. En esta ocasión, Humala responderá directamente sobre las acusaciones en su contra, mientras que Heredia y otros seis acusados decidieron guardar silencio. Además de Humala, declararán el excongresista Santiago Gastañadui y el hermano de Heredia, Ilan Heredia, según informó Luis Paucar para Infobae.
El resultado de este juicio podría definirse en noviembre o diciembre, en un contexto donde el sistema judicial peruano ha sentenciado a figuras de alto perfil. Recientemente, el expresidente Alejandro Toledo recibió una condena de 20 años y medio por colusión y lavado de activos. Asimismo, Pedro Pablo Kuczynski, expresidente del periodo 2016-2018, enfrenta investigaciones, mientras que el expresidente Alan García se quitó la vida en 2019 cuando iba a ser detenido por acusaciones de corrupción.
El pedido del Ministerio Público en contra de Humala y Heredia es severo: la Fiscalía solicita 20 años de prisión para el exmandatario y 26 para Heredia, acusándolos de ocultar donaciones millonarias para financiar sus campañas electorales. Según los fiscales, el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, financió la campaña de 2006, mientras que la empresa Odebrecht, por orden del Partido de los Trabajadores de Brasil, habría entregado tres millones de dólares para la campaña de 2011. Estos fondos no fueron declarados y, según la acusación, representan un delito de lavado de activos y colusión agravada.
La investigación, que llevó al matrimonio Humala-Heredia a pasar casi diez meses en prisión preventiva entre 2017 y 2018, cuenta con declaraciones clave de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, quienes afirmaron que los fondos se entregaron a Humala por «proximidad ideológica». Aunque estos testimonios no se presentaron en persona, sus declaraciones fueron leídas en la audiencia, agregando peso a las acusaciones. La semana pasada, otro giro en el caso ocurrió cuando un juez ordenó 36 meses de prisión preventiva para Barata, quien actualmente reside en Brasil, por su participación en el proyecto Gasoducto del Sur, que Odebrecht ganó bajo el gobierno de Humala.
Este juicio no solo marca un hito en la lucha contra la corrupción en Perú, sino que también representa una prueba de fuego para el sistema judicial peruano, en el que se busca no solo castigar a los implicados, sino también restaurar la confianza ciudadana en las instituciones del país. La historia de Lava Jato ha dejado en evidencia la magnitud de los vínculos de Odebrecht con diversos funcionarios y líderes políticos peruanos, mostrando la urgencia de implementar reformas para erradicar estas prácticas.
Este reporte detalla la situación judicial de Humala y sus implicancias para el futuro del país y ha sido elaborado en base a información de Luis Paucar para Infobae.
