El arbitraje nació como la gran panacea para combatir la corrupción judicial, pero el caso Odebrecht mostraría que la medicina es peor que la enfermedad. Los árbitros se pueden comprar, al por mayor y en paquete, para ganar todos los juicios hoy y siempre.
Esto ha revelado al Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato en el Perú, un colaborador eficaz. “El arbitraje fue el ropaje legal para robar al Estado el monto que quieras”, dijo el colaborador a los fiscales.
La República ha tenido acceso a las declaraciones del colaborador eficaz 14-2017. Su versión también involucra a los funcionarios encargados de proteger los intereses del Estado.
En este caso, al hoy ex procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Jaime José Vales Carrillo y al abogado Celso Martín Gamarra Roig, director de la Dirección General de Concesiones del MTC, de 2011 a 2014.
Gamarra fue abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y como tal lo acompañó al Congreso en febrero de 2016, cuando el exmandatario acudió a declarar ante la comisión investigadora, presidida por el entonces congresista Juan Pari.
El colaborador 14-2017 ha contado todos los detalles y entregado diversas pruebas de las circunstancias y cuánto se pagó en 14 procesos arbitrales que Odebrecht presentó contra el MTC, por más de 240 millones de soles.
De acuerdo con el colaborador, se pagaba a los árbitros para que emitieran un laudo a favor de Odebrecht, al procurador para que no impugnara y al director de concesiones para que inmediatamente se diera el laudo.
El colaborador dice
De acuerdo con el colaborador, en diciembre de 2010 el funcionario brasileño Eleuberto Antonio Martorelli llamó por teléfono a Horacio Cánepa, a quien conocía a través de Raymundo Trindade Serra, y lo convocó a su oficina de Odebrecht.
En dicha reunión, Martorelli le mencionó a Cánepa que tenía unas reclamaciones contra el MTC respecto al tramo 2 y 3 de la IIRSA Sur y le preguntó si tenía inconveniente en ser designado como uno de los árbitros de parte.
Cánepa aceptó y Odebrecht presentó 14 arbitrajes ante la Cámara de Comercio de Lima. Una vez instalados los arbitrajes, a inicios del 2012, Cánepa fue convocado por Ronny Loor Campoverde, pues Martorelli fue destacado como representante de Odebrecht en Colombia.
Loor Campoverde le indicó que le pagaría el 1 % del monto total de los 14 arbitrajes, más los honorarios, bajo dos premisas. Uno, que el 1 % sería sobre el monto bruto, sin incluir IGV y que el pago se realizaría una vez que el MTC pague.
“No es mucho esfuerzo el que tienes que hacer pues las demandas están amparadas en las adendas a los contratos y si algún árbitro no quiere fallar a favor me avisas para darle un incentivo”, le habría dicho el funcionario de Odebrecht a Cánepa.
Un millón y sumando
Horacio Cánepa cumplió lo que le pidieron. Entre octubre y noviembre de 2012, Loor le informó que el MTC empezó a pagar los laudos y que la única manera de darle su parte era a través de depósitos en la Banca Privada de Andorra, para lo que le presentó a Francisco Xavier Pérez.
Este personaje se encargó de abrir las cuentas. El primer pagó fue de US$150 mil y en total, por los 14 arbitrajes, Cánepa recibió US$1 miillón 442 mil.
El colaborador relató que en una oportunidad, en abril de 2013, uno de los laudos se resolvió por mayoría. Entonces, Loor llamó a Cánepa y le dijo que se esforzara más, pues los laudos debían salir por unanimidad.
Cánepa volvió a cumplir -dijo el colaborador-, buscó al árbitro que dio el voto discordante, Randol Campos Flores, y lo convenció de resolver a favor de Odebrecht.
Fue fácil. El colaborador indicó que Loor le entregó 20 mil dólares a Cánepa, en tres oportunidades, para que Campos resuelva a favor de Odebrecht en tres expedientes. Los pagos se habrían realizado en las oficinas de Campos, a espaldas del hospital Rebagliati. Con el mismo objetivo, Cánepa también entregó dinero a los árbitros Luis Pebe Romero, US$30 mil, y a Luis Pardo Narváez, US$20 mil, por otro expediente.
“Después del primer pago, Randol Campos conoció a Loor Campoverde, con quien empezó a tener relaciones directas y fue el nexo para contactar al procurador Jaime Vales, con el fin de que le paguen US$ 20 mil para que no impugne los laudos”, precisó el colaborador.
Arbitraje a la carta
En otro momento de su declaración, el colaborador contó que en abril de 2012, los árbitros Horacio Cánepa y Fernando Cantuarias Salaverry fueron convocados a la oficina de Celso Gamarra, en la sede del MTC, junto a Loor Campoverde.
En dicha reunión, Gamarra y el funcionario de Odebrecht acordaron someter a un arbitraje ad hoc los gastos adicionales por la Vía de Evitamiento de la Carretera Interoceánica en Loreto. Los dos se pusieron de acuerdo en la materia de la controversia y el monto a reclamar: US$28.261.946, incluido IGV.
Cánepa y Gamarra fueron nombrados árbitros de Odebrecht y el MTC, respectivamente. En ese mismo momento, se acordó que Franz Kudmuller Caminiti sería el presidente del tribunal arbitral y que se les pagaría por encima del mercado. Cada árbitro cobró S/288 885 soles, que pagaron Odebrecht y el MTC.
El tribunal arbitral se instaló en mayo de 2012 y los tres árbitros, Gamarra Roig y Loor Campoverde se reunieron en tres oportunidades en el restaurante Vivaldi, de Camino Real, para definir los términos del laudo. El MTC y Odebrecht tenían urgencia en que se resuelva.
“Por ello se acordó emitir un laudo arbitral parcial por US$12 178 333.02. Para el laudo final ya no hubo tanta premura y salió diez meses después, por US$11.772.469 más IGV. Cuando salieron los laudos parcial y final, el MTC pagaba inmediatamente y no presentaba ninguna acción en contra”, refirió el colaborador.
De cualquier forma, la fiscalía ha dispuesto verificar la historia y las pruebas aportadas por el colaborador 14-2017. En una primera acción se dispuso recoger los laudos arbitrales mencionados por el colaborador y se ampliaron las investigaciones por 240 días, adicionales.
Son 24 investigados por arbitrajes fraudulentos
El caso de los arbitrajes de Odebrecht está a cargo del fiscal titular Marcial Paucar Chappa. En base a la declaración del colaborador eficaz 14-2017, la fiscalía dispuso ampliar las investigaciones a 19 árbitros legales, los ex funcionarios del MTC, José Vales Carrillo y Celso Gamarra Roig, además de los funcionarios de Odebrecht: Ronny Loor, Eleuberto Antonio Martorelli y Raymundo Trindade.
De acuerdo con la fiscalía, los 19 árbitros “habrían aceptado y recibido donativo (dinero) con la finalidad de no solo influir, sino además de decidir con fallos favorables a los consorcios y concesionarios con Odebrecht, que conocieron en diversas controversias arbitrales”.
Respecto de los funcionarios del MTC, la fiscalía señala “que habrían aceptado dinero (donativo) para no impugnar o presentar nulidades a los laudos favorables a Odebrecht, y en otro caso, para no interponer ningún recurso judicial contra los laudos y, además, dar instrucciones y aleccionar para que laudaran a favor de Odebrecht”.
La República no ha podido ubicar, para esta nota, a las personas mencionadas por el colaborador. La fiscalía ya les notificó el inicio de la investigación y todos niegan los hechos.
El arbitraje
En un arbitraje, una controversia o pleito entre dos personas o instituciones se ponen en manos de tres árbitros, que se supone imparciales. Cada parte designa un árbitro y, entre ellos dos, se elige a un presidente. Esto supone que Odebrecht designó un árbitro, el MTC otro y ellos designaron al presidente del tribunal arbitral. La decisión que toman tiene categoría de una sentencia de la Corte Suprema. (La República)