En la era de la información, el gobierno federal de Estados Unidos posee una vasta cantidad de datos personales sobre sus ciudadanos: desde el nombre de soltera de una madre hasta números de cuentas bancarias, pasando por detalles sobre deudas estudiantiles, estado de discapacidad, empleo actual y salario. Esta información, dispersa en diferentes sistemas de agencias como el Tesoro, la Administración del Seguro Social y el Departamento de Educación, ha generado una creciente preocupación sobre la privacidad y el control de datos.
Según la investigación publicada por The New York Times, la administración Trump está intentando consolidar esta información dispersa. El mes pasado, el Presidente Trump firmó una orden ejecutiva que busca la «consolidación» de estos registros segregados, lo cual podría resultar en la creación de un enorme repositorio de datos sobre los estadounidenses, algo sin precedentes y que, históricamente, había generado oposición incluso dentro de su propio partido.
Este esfuerzo está siendo liderado por Elon Musk, la persona más rica del mundo, y su equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental, quienes han solicitado acceso a decenas de bases de datos gubernamentales. Su accionar ha generado resistencia por parte de funcionarios de carrera, expertos en seguridad de datos, especialistas en seguridad nacional y defensores de la privacidad legal.
El equipo de Musk ha encontrado diferentes niveles de éxito dependiendo de la agencia y, en algunos casos, incluso del día, dado que las decisiones judiciales en más de una docena de demandas que cuestionan estas acciones han sido variadas. Temporalmente, se les ha negado el acceso a información sensible en varias agencias, incluyendo la Administración del Seguro Social.
Sin embargo, recientemente, un tribunal de apelaciones revocó una medida cautelar que impedía el acceso del grupo a datos del Tesoro, el Departamento de Educación y la Oficina de Administración de Personal. La batalla legal por el control de la información personal de los ciudadanos estadounidenses continúa, generando un intenso debate sobre los límites del acceso gubernamental a la privacidad individual.
Este debate se intensifica en un contexto donde el robo de datos y las filtraciones son cada vez más comunes. En 2024, según datos de la Comisión Federal de Comercio (FTC), se registraron más de 2 millones de denuncias por robo de identidad, lo que subraya la vulnerabilidad de la información personal almacenada en bases de datos centralizadas.
