Contraloría advirtió que municipio provincial designó directivos que no cumplían perfil
Un informe de la Contraloría General de la República N 046-2’23-OCI, revela que la Municipalidad Provincial de Huánuco “designó a 14 directivos de libre designación y remoción sin cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la Ley 31419”. Este hallazgo se realizó en el marco del Operativo 2023 de control a la verificación de requisitos para el ejercicio de la función pública.
El informe de la Contraloría detalla que la municipalidad no acreditó de manera adecuada la formación especializada, experiencia profesional previa, habilitación, colegiatura y conocimientos técnicos exigidos para ocupar los respectivos puestos directivos. Entre los funcionarios cuestionados se encuentran gerentes de áreas clave como Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Sostenibilidad Ambiental, Administración y Finanzas, y Administración Tributaria.
«La Contraloría advirtió debilidades en el proceso de designación de estos directivos por parte de la municipalidad provincial, al no realizar una rigurosa verificación de cumplimiento de requisitos previa al nombramiento, tal como lo establece la normativa», señala el informe.
Ley vigente
Este hallazgo es especialmente preocupante dado que la Ley 31419, vigente desde febrero de 2022, fue creada precisamente para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública. La ley surgió como respuesta a los cuestionamientos por designaciones de funcionarios que no cumplían con las capacidades técnicas para ejercer el cargo.
Cambios
Como recordamos, a finales de agosto, se produjeron cambios en al menos cuatro gerencias de la Municipalidad de Huánuco. Teófilo Loarte asumió la gerencia de Desarrollo Económico en reemplazo de Teresa Núñez. Jenny Fretel fue designada gerente de Sostenibilidad Ambiental y Jordan Jara se convirtió en el gerente de Asesoría Jurídica.
Dato:
Según Contraloría, las municipalidades a nivel nacional han designado a más de 1000 directivos en cargos de confianza que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la ley. Este incumplimiento podría generar serias ineficiencias en la administración pública y comprometer la ejecución efectiva de proyectos y servicios esenciales para la ciudadanía.»
