El estado de las infraestructuras educativas en nuestro país está en crisis, una situación alarmante que fue destacada recientemente por la Ministra de Educación. Según sus palabras, el 80% de los centros educativos en el país presentan deficiencias graves. Esta realidad es aún más palpable en regiones como Huánuco, donde las escuelas rurales enfrentan condiciones bastante precarias, careciendo incluso de servicios básicos como agua y desagüe.
Es incomprensible la desidia de las autoridades, y también padres, profesores y directores, quienes no toman medidas más agresivas para mejorar estos espacios, especialmente dado que son los niños los más afectados por esta negligencia. Es cierto que el Estado ha sido ineficiente en abordar este problema, pero eso no exime a las comunidades locales de asumir cierta responsabilidad. Aunque no se pueda construir 600 nuevos centros escolares en dos años, como apunta el director regional Huainate, eso no significa que no se puedan hacer avances significativos. Un 10% o incluso un 1% de mejora sería un buen punto de partida. Estos proyectos pueden presentarse ante el gobierno regional y las municipalidades para obtener financiamiento y llevarlos a cabo con las condiciones adecuadas.
Es doloroso que, a pesar de la gravedad de la situación en las áreas rurales, incluso en la zona urbana las cosas no hayan mejorado mucho. Tome como ejemplo el colegio Hermilio Valdizán, ubicado a solo dos cuadras de la plaza de armas y que, sin embargo, lleva 15 años sin completar su infraestructura. Si esta es la realidad en las áreas urbanas, ¿qué podemos esperar para los lugares más remotos donde ni siquiera llega la carretera?
A esto se suma el riesgo climático que se cierne sobre estas estructuras frágiles. El fenómeno del Niño afecta de manera desproporcionada a las zonas más pobres y alejadas, poniendo en peligro no solo los edificios sino también las vidas de los estudiantes y docentes que los habitan.
Es tiempo de actuar. Las condiciones de nuestras escuelas son el reflejo del valor que le damos a la educación y, por ende, a nuestro futuro. Ignorar esta realidad sería perpetuar un círculo vicioso de pobreza y falta de oportunidades. El primer paso es reconocer la gravedad del problema; el siguiente es hacer algo al respecto. Ya sea a través de iniciativas comunitarias o presionando para una acción gubernamental más efectiva, la mejora de la infraestructura educativa debe ser una prioridad para todos.
