La situación en Darfur, Sudán, alcanza un punto crítico con el reciente ataque perpetrado por paramilitares contra el campamento de Zamzam, asolado por la hambruna. Este campamento, que alberga a medio millón de personas en la ciudad sitiada de El Fasher, se ha convertido en escenario de una brutal agresión que ha dejado al menos un centenar de fallecidos. La región de Darfur ha sido escenario de conflictos intermitentes desde 2003, cuando estalló la guerra entre grupos rebeldes y el gobierno sudanés, conflicto que ha provocado una crisis humanitaria de proporciones alarmantes.
Según la investigación publicada por The New York Times, las Fuerzas de Apoyo Rápido (R.S.F.) irrumpieron en el perímetro del campamento el viernes por la noche, tras un intenso bombardeo que se prolongó durante horas. Este ataque se inscribe en una escalada de violencia que ha caracterizado la guerra civil sudanesa, marcada por numerosas atrocidades y acusaciones de genocidio, según denuncian organizaciones de ayuda y la Organización de las Naciones Unidas.
Tras penetrar en el campamento, los paramilitares procedieron a la destrucción de cientos de viviendas y del principal mercado, golpeando directamente la economía de subsistencia de los desplazados. Posteriormente, centraron su ataque en la última clínica médica operativa del campamento, gestionada por la organización humanitaria Relief International, dejando un saldo devastador.
El ataque a la clínica resultó en la muerte de nueve miembros del personal sanitario, incluido el médico jefe, según confirmó la propia organización en un comunicado. «Hemos sido testigos de lo impensable», lamentaron desde Relief International, calificando el suceso como una «profunda tragedia» para la organización.
Kashif Shafique, director de Relief International en Sudán, declaró en una entrevista telefónica que los trabajadores humanitarios, cinco médicos y cuatro conductores, fueron asesinados a tiros. El personal sanitario había recibido advertencias el día anterior al ataque, instándoles a abandonar el lugar, sin embargo, su compromiso con la atención a los civiles heridos por los bombardeos y el bloqueo de las principales rutas de salida del campamento les impidió hacerlo.
Este ataque se produce en un contexto de creciente preocupación por el acceso humanitario en Sudán. La ONU estima que más de 25 millones de personas, más de la mitad de la población del país, necesitan ayuda humanitaria urgente. La situación se agrava por la escasez de alimentos, agua y medicinas, así como por el aumento de los desplazamientos internos y el riesgo de enfermedades infecciosas. La comunidad internacional ha condenado enérgicamente el ataque y ha instado a todas las partes a respetar el derecho internacional humanitario y a garantizar la protección de los civiles y el personal humanitario. La Corte Penal Internacional (CPI) investiga presuntos crímenes de guerra cometidos en Darfur desde 2005.
