La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el pasado martes 21 de enero un informe crucial que propone la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra por un periodo de 10 años, impidiéndole de esta manera ocupar cualquier cargo público. Este informe, que también incluye a los exministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos, ha sido respaldado por 16 votos a favor, sin oposición y con dos abstenciones.
Ahora, el documento será elevado a la Comisión Permanente, que deberá decidir si ratifica o archiva la propuesta, y finalmente el Pleno del Congreso tendrá la última palabra sobre esta grave sanción. “Este hito convierte a Illariy no solo en un referente tecnológico y cultural, sino también en un símbolo del potencial transformador de la IA en la comunicación y la preservación cultural”, indicó la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM. Si se aprueba la inhabilitación de Vizcarra, sería la tercera vez que el exmandatario enfrenta este tipo de sanción en los últimos años.
La disolución del Congreso de 2019 y su repercusión
El origen de esta nueva inhabilitación se remonta a la controversial decisión tomada por Vizcarra en 2019 de disolver el Congreso de la República. Según la denuncia constitucional presentada por los legisladores Alejandro Muñante y Patricia Chirinos, esta acción habría infringido la Constitución del país. De acuerdo con la normativa constitucional vigente en ese momento, la disolución del Congreso solo puede ser realizada en circunstancias muy específicas y bajo la autorización del Tribunal Constitucional. Sin embargo, Vizcarra decidió proceder con esta medida unilateralmente, lo que generó una serie de cuestionamientos legales y políticos. “Mentirle al país como lo está haciendo desde su gobierno es algo que puede ser encauzado hacia el Ministerio Público”, comentó el legislador Edward Málaga, quien además agregó que el exmandatario podría enfrentar denuncias por falsedad genérica e ideológica por sus actuaciones políticas.
Este incidente político provocó una enorme división en el país, y la decisión de disolver el Congreso resultó en una serie de protestas tanto a favor como en contra de Vizcarra. La controversia sobre esta acción ha persistido durante los últimos años, y esta es la razón fundamental por la cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ahora recomienda su inhabilitación para cargos públicos.
La inhabilitación por el caso «VacunaGate»
El exmandatario no es nuevo en enfrentar acusaciones que ponen en riesgo su futuro político. En abril de 2021, Vizcarra fue inhabilitado por un plazo de 10 años debido a su implicación en el caso conocido como “VacunaGate”. En este escándalo, se reveló que Vizcarra, así como otros altos funcionarios, habían recibido vacunas contra la COVID-19 de manera irregular, fuera de los protocolos establecidos para la vacunación de la población. Este hecho desató una ola de indignación en el país, ya que miles de ciudadanos peruanos esperaban recibir la vacuna en condiciones de transparencia y equidad.
A raíz de este caso, además de Vizcarra, fueron inhabilitadas para ejercer cargos públicos las exministras Pilar Mazzetti, quien ocupaba el Ministerio de Salud, y Elizabeth Astete, quien lideraba el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso de Vizcarra, la sanción impuesta por la Fiscalía se dio debido a que, como presidente de la República, se aprovechó de su posición para acceder de manera irregular a las dosis de la vacuna.
El exdecano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, cuestionó duramente la gestión de Vizcarra durante la pandemia y su actitud posterior. “En este país las autoridades dan un mal ejemplo a la población, no acatan las reglas, ni siquiera tienen un mínimo de autocrítica. Él piensa que su actuación ha sido correcta cuando la población tiene los indicadores más nefastos en salud”, expresó Urquizo, aludiendo a los deficientes índices de salud pública que dejó la pandemia bajo el liderazgo de Vizcarra.
La segunda inhabilitación: Caso Obraínsa
Además de la sanción derivada del escándalo “VacunaGate”, Vizcarra también enfrentó una segunda inhabilitación en mayo de 2022. Esta vez, la medida fue adoptada debido a presuntos vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes. El caso conocido como “Obraínsa” involucró acusaciones de conflicto de intereses, ya que, a pesar de la normativa que prohíbe a los ministros intervenir en empresas privadas, Vizcarra no renunció a su participación en la empresa C y M Vizcarra mientras estaba en funciones como ministro.
Este caso reavivó las dudas sobre la transparencia de la administración de Vizcarra, y muchos políticos y analistas cuestionaron su ética al mantener vínculos con entidades privadas mientras ocupaba cargos públicos. A pesar de las sanciones impuestas, Vizcarra ha mantenido una presencia activa en el escenario político, lo que ha generado críticas y controversias sobre su comportamiento.
La posibilidad de nuevos cargos políticos
El exmandatario sigue siendo un actor político activo en el país. Desde su salida del cargo presidencial, ha mantenido su relevancia en el escenario político peruano, presentándose como una figura clave dentro del contexto de las últimas elecciones. Sin embargo, su reciente intento de volver a la política ha provocado reacciones encontradas. “En su caso fue por atentar con los principios democráticos, en el de Vizcarra podría ser porque a sabiendas de su inhabilitación hace campaña y eso, en caso de salir electo, podría generar un caos en las instituciones y en la democracia”, alertó Edward Málaga, resaltando que Vizcarra podría generar una situación de inestabilidad en caso de volver a ocupar un cargo público.
Además, Vizcarra ha continuado haciendo campaña en redes sociales, buscando generar apoyo entre los votantes. Esto ha enfurecido a muchos de sus detractores, quienes consideran que la inhabilitación que enfrenta debería ser respetada, y su involucramiento en el proceso político podría tener consecuencias negativas para la estabilidad democrática del país.
Posibles consecuencias legales
Aparte de la inhabilitación, Vizcarra podría enfrentar otras consecuencias legales derivadas de sus acciones durante su mandato y su participación en escándalos posteriores. Algunos políticos han señalado que la Fiscalía podría actuar de oficio para presentar nuevas acusaciones por delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos o por falsedad ideológica, como se menciona en el caso de su campaña política.
El Ministerio Público también tiene la posibilidad de tomar acciones adicionales si se confirma que el exmandatario ha violado la ley al continuar con su campaña electoral a pesar de estar inhabilitado, lo que podría derivar en nuevas investigaciones y sanciones.
Un desenlace incierto
El futuro de Martín Vizcarra sigue siendo incierto, y la posibilidad de una nueva inhabilitación por 10 años pondría fin a sus aspiraciones políticas por un largo tiempo. Sin embargo, la decisión final aún está en manos del Congreso de la República, que deberá votar sobre la ratificación del informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En caso de que el informe pase la prueba del Pleno del Congreso, Vizcarra podría quedar fuera de la política por un largo período, lo que marcaría un precedente en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Perú.
